En agosto de 2017, el fiscal anticorrupción, Reynaldo Abia, acusó a Edgard Ramírez Cadenillas, ex alto funcionario de Proinversión, por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible en el caso Gasoducto del Sur.
Sin embargo, desde julio de 2018, el proceso judicial ha quedado estancado. La Procuraduría Especial para el caso Lava Jato interpuso un recurso de casación para declarar a Odebrecht como tercero civil responsable, pero en dos instancias del Poder Judicial este ha sido denegado. Los defensores del Estado estarían evaluando interponer una acción de amparo en la Corte Suprema para garantizar el pago de una reparación civil de la constructora brasileña.
Mientras que en el Poder Judicial se niegan a incluir a Odebrecht en el proceso, el juicio contra Edgard Ramírez Cadenillas está detenido. La audiencia de control de acusación no ha concluido. En una breve comunicación con Perú21, el fiscal Abia confirmó esta situación.
Ramírez fue designado, por el gobierno humalista, presidente del comité Pro Seguridad Energética de Proinversión que tenía el encargo de seleccionar a la empresa ganadora del Gasoducto, pese a que en años anteriores asesoró a Odebrecht.
Según la acusación fiscal, el comité presidido por Ramírez eliminó al competidor de Odebrecht y le dejó el camino libre para ganar la buena pro del proyecto. "Se imputa a Edgard Bartolo Ramírez Cadenillas, en su condición de presidente del Comité de Pro Inversión Pro Seguridad Energética, el haber concertado con Claudia Teresa Hokama Kuwae, agente autorizado del Consorcio Gasoducto Sur Peruano integrado por Odebrecht y Enagás, a efecto de adjudicarle la buena pro del proyecto ‘Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano", señaló Abia en su investigación.
Esta situación estancada en el Poder Judicial cobra relevancia después de conocerse que el 12 de junio Odebrecht entregó documentación que revela que se pagaron US$ 3 millones desde la caja de coimas para ganar la licitación del Gasoducto del Sur.
En diferentes oportunidades, Ramírez ha negado las imputaciones del Ministerio Público, pero Abia pidió al juez de investigación preparatoria penas de 7 y 6 años para Ramírez y Hokama. Pero, mientras el PJ no acepte incluir a Odebrecht como tercero civil responsable: el proceso judicial seguirá paralizado.