La fiscal Rocío Sánchez inició la investigación contra los Cuellos Blancos. (GEC)
La fiscal Rocío Sánchez inició la investigación contra los Cuellos Blancos. (GEC)

El conflicto que estalló entre las fiscales y Sandra Castro, , tiene un origen claro: las diferencias con la hipótesis del fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón. Una tesis a la que se ha alineado Castro.

Las investigaciones que ambos han trazado, pese a ser parte del equipo especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, no son homogéneas en su esencia.

Para la fiscal Sánchez, Los Cuellos Blancos es una red criminal integrada por jueces, fiscales y exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que operaban para beneficiarse mutuamente y así mantenerse en el poder.

Esto implicaba arreglar o direccionar nombramientos de magistrados amigos que eventualmente tendrían que devolver el favor. O coordinar la resolución de un proceso judicial en beneficio de un empresario que buscaba esa ayuda. Nada era gratuito.

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El prófugo exjuez supremo César Hinostroza era uno de los principales miembros, el más importante quizás, al que casi todos llamaban al celular al conocer su influencia en distintos estamentos del Estado. Su cargo en la Corte Suprema le daba esa hegemonía.

En la red criminal, bajo esta teoría, que también defiende el fiscal supremo Pablo Sánchez, los jueces supremos, fiscales supremos y exconsejeros eran los que tenían el control. El resto respondía a sus intereses y no al revés o de forma aislada.

Los corrompidos

El fiscal Fernández Alarcón tiene una postura diferente y la ha dejado notar en los casos que tiene a su cargo. Bajo su visión, eran los abogados los que corrompían a los jueces ofreciendo casos que patrocinaban.

En una disposición del 17 de julio de este año, Fernández señala que el abogado José Luis Castillo Alva fue quien infiltró la Corte del Callao, primero cuando Hinostroza era el presidente, en 2015, y lo siguió haciendo cuando Walter Ríos ocupó ese puesto, a partir de 2016.

“Se ve inmersa la conducta delictiva del abogado José Luis Castillo Alva, quien ingresaba estratégicamente ante la Corte Superior de Justicia del Callao los casos que patrocinaba, direccionándolos ante los diferentes órganos jurisdiccionales, cuyos magistrados eran captados o tendrían algún tipo de vinculación con la Presidencia de la Corte”, indica el documento al que accedió este diario.

Y no solo eso. El fiscal supremo estructura un organigrama (ver infografía) en el que grafica a Castillo Alva “en el primer nivel” de una organización criminal externa que penetra el sistema de justicia.

Con esa disposición acumuló tres investigaciones al advertir coincidencias en el modus operandi: el abogado llegaba con sus procesos, que lo veían jueces inferiores, y tras hablar con Ríos o Hinostroza, garantizaba las sentencias a su favor.

Otro caso en el que discrepa respecto a la investigación de los fiscales Sánchez es el que implica a los exasesores del CNM Pablo Morales y Miguel Torres Reyna.

A inicios de mes, Fernández Alarcón pidió 36 meses de prisión preventiva para ambos a pesar de que los dos eran colaboradores eficaces de Rocío Sánchez. Una muestra clara de que en el equipo especial no hay coordinación.

El fundamento para requerir la medida fue que Morales y Torres viabilizaron los nombramientos de candidatos a fiscales tras contactarlos con Ríos, quien tenía los nexos con los consejeros.

El fiscal responsabiliza a los asesores tras recibir la declaración del exjuez chalaco, que es aspirante a colaborador, como si ellos hubieran actuado a espaldas de los miembros del extinto CNM cuando estos también eran sindicados de traficar sus influencias.

Jesús Fernández rechazó ayer que existan presiones hacia la fiscal Rocío Sánchez. No obstante, en una nueva investigación de Control Interno, se señala que Fernández se quejó ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, porque Sánchez habría revelado la identidad de Morales y Torres. Ávalos, por lo visto, está lejos de resolver el conflicto.

Tenga en cuenta

-La fiscal Rocío Sánchez tiene tres procesos abiertos en Control Interno desde que se conoce su enfrentamiento con Sandra Castro: por el intercambio de chats con el asesor de Julio Guzmán; por no entregar la información que Castro exige; y por revelar la identidad de colaboradores eficaces.

-En entrevista con Perú21, Sánchez manifestó que está evaluando renunciar al cargo debido a las “presiones” que recibe desde el mismo equipo especial.

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