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El gabinete ministerial, encabezado por Alberto Otárola, tiene entre sus integrantes a titulares que están bajo la lupa del Ministerio Público.
El primer caso es el propio Otárola, quien afronta dos investigaciones preliminares desde que asumió el cargo, el 21 de diciembre pasado.
A inicios del año, la Fiscalía dispuso iniciar diligencias por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, presuntamente cometidos durante las protestas en Apurímac, La Libertad, Puno, Ayacucho y Arequipa.
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Además, es investigado junto al ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, por el delito de colusión agravada. El caso surgió por la contratación de la excuñada de Otárola en la cartera de Trabajo.
El premier también consignó en su declaración jurada de antecedentes judiciales, fiscales y administrativos, que fue investigado en 2004 por maltrato físico y psicológico, asimismo en 2005 por falsedad genérica y en 2007 por pensión de alimentos, entre otros. Todos los casos están archivados.
“Los únicos procesos que están vigentes en etapa de investigación son los relacionados a la crisis política y social”, señaló Otárola a Perú21.
Otro caso es el titular de Justicia, José Tello, quien registró tener dos investigaciones fiscales, también archivadas, por sus funciones en la Municipalidad de San Isidro, entre 2011 y 2014.
Sin embargo, el ministro tiene en trámite una carpeta fiscal por el presunto delito de “usurpación”, caso iniciado en 2021.
El ministro Tello respondió a este diario que el caso era una investigación preliminar sin mayor sustento que declaró oportunamente antes de asumir el cargo y que sigue su trámite.
La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, registró en su declaración jurada mantener en trámite un procedimiento administrativo sancionador por “presuntas faltas por no cumplir con defender huacas invadidas”.
Desde su despacho, refirieron que Urteaga cumplió con esclarecer los hechos y está a la espera de la decisión final del procedimiento.
Tenga en cuenta
El ministro del Interior, Vicente Romero también fue investigado por delito doloso, sanciones administrativas, entre otros.
“Las investigaciones han sido archivadas en su mayoría y otras están en trámite. Nunca fui sentenciado por corrupción”, dijo a Perú21.
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