El legislador oficialista Josué Gutiérrez dijo –a Perú21 – que en agosto de 2013 tuvo que coordinar una reunión en el distrito de Luyando (Huánuco) entre diversas autoridades, delegados de los pobladores y directivos de Cemento Amazónico, debido al creciente conflicto social en la zona por las actividades que había iniciado esa firma, que obtuvo una concesión minera en 2012.
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«La población se quejaba por el temor del posible daño ambiental que ocasionaría la instalación de una fábrica de cemento, al ver las maquinarias y los campamentos de los trabajadores de esa compañía», anotó.
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Esto contradice la versión de Omonte, quien adujo que la firma no tiene actividad y que «solo está en papeles».
