Carlos Ramos Heredia no piensa dejar su cargo pese a críticas

El rosario de críticas y solicitudes para que el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, dé un paso al costado mientras el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) lo investiga por sus presuntos vínculos con la red Orellana y el caso Áncash cayó en saco roto.

En conferencia de prensa, la máxima autoridad del Ministerio Público dijo que aquellos cuestionamientos provienen de gente que él ha investigado, por lo que dejó entrever que no piensa renunciar.

"Estamos en un Estado democrático. Todos los funcionarios públicos estamos sujetos a investigaciones; en el Congreso y en el Consejo Nacional de la Magistratura hay muchas investigaciones, pero en mi caso provienen de personas a quienes he investigado en mi condición de fiscal supremo de Control Interno", aseveró.

Cuando se le recordó que el coordinador de Defensa Legal del IDL, Carlos Rivera, advirtió que él no es garantía para el caso Orellana, Ramos Heredia replicó que respeta la opinión de IDL y de aquellos vinculados a esa institución, pero dijo que es "simplemente una opinión. El Ministerio Público responde de acuerdo a ley. Estamos dando resultados concretos".

Al respecto, el congresista Mesías Guevara, a cargo de investigar los ilícitos de Áncash, señaló que dependerá del fiscal de la Nación y del CNM si aquel sigue a la cabeza de dicha institución.

LA RED ORELLANADe otro lado, la fiscal Marita Barreto –a cargo del caso Orellana– al ser consultada sobre las declaraciones de Rodolfo Orellana Jr., quien la retó a que presente las pruebas que incriminan a su padre, dijo que ella cumple con su labor.

"Yo cumplo con mi función, que es descubrir y esclarecer los hechos que se investigan. Si es culpable, se acreditará con pruebas y, si no lo es, también. Caiga quien caiga, seguiremos con la investigación", refirió.

En otro momento, Barreto dijo que es factible que los investigados se acojan a la colaboración eficaz con excepción de los jefes o cabecillas, porque la ley no lo permite.

Barreto reiteró que desde el pasado sábado ya cuenta con resguardo policial debido a las amenazas y amedrentamientos que recibía por investigar a dicha red.

A su turno, Ramos Heredia recalcó que hay varios fiscales anticorrupción y de Lavado de Activos que también están siendo amenazados. En otro momento, el magistrado indicó que los fiscales que no trabajen a la velocidad que requiere una respuesta rápida de los usuarios frente a la criminalidad organizada irán a otro lugar o puesto.

Sobre el juicio a Orellana, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, estimó ayer que este duraría dos años, pero subrayó que, si en Lima se aplicara el Código Procesal Penal,* podría reducirse a siete meses el proceso.*

El magistrado supremo aclaró también que Orellana no es un perseguido político ni menos será víctima de un linchamiento político.

"Los magistrados de la Sala Nacional a cargo del proceso serán objetivos y evitarán caer en tinterilladas", aseguró.

EN EL CONGRESOHoras más tarde, durante su participación en la comisión congresal del caso Orellana, en calidad de invitado, Ramos Heredia aclaró que el detenido abogado aún no está considerado en la investigación que se le sigue al ex presidente regional de Áncash César Álvarez. "Eso es lo que me han informado", dijo.

Añadió que ha recibido 50 pedidos de la Procuraduría para levantar el secreto bancario de los integrantes de la mafia de Orellana.

Durante la sesión parlamentaria, al ser cuestionado por la actuación de los fiscales que habrían servido a las organizaciones criminales de Áncash y a la red de Rodolfo Orellana, Ramos Heredia afirmó que ahora es más "selectivo con el grupo humano que realiza las investigaciones no solo en el caso de Orellana Rengifo, sino también en otros casos emblemáticos".

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