El 2024 fue el año más violento con casi 2,000 asesinatos, y parece que en 2025 superaremos la valla.
Mira, las muertes que se producen casi a diario en el Callao, y te lo digo por fuentes bien informadas, ya no llaman la atención. Ya no son parte de la noticia policial, que era normal hace algunos años. No llama la atención y no tiene relieve periodístico en los noticieros y la prensa radial. Estamos normalizando la violencia criminal en el país, de tal forma que no hay una respuesta de las autoridades y también hay una especie de adormecimiento de la opinión pública, ya que no le impacta.
¿Eso busca el Gobierno?
Mira, eso me trae recuerdos de la época del terrorismo, donde los atentados y las muertes ya eran pan de cada día y no nos conmovían ni nos llamaban la atención. Estábamos acostumbrados a esa rutina injusta, violenta, pero rutina al fin. Era el día a día al que nos estábamos acostumbrando, y eso es malo. Eso es malo porque ahí se relajan los controles, se relaja la opinión de la ciudadanía y nos acostumbramos. Eso es malo. Al contrario: esto debe llamar nuestra atención para dar una respuesta contundente.
También nos hemos acostumbrado a ver policías con nexos criminales.
Bueno, es una realidad, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay una creciente corrupción en la Policía y la moral de ciertos efectivos policiales se evidencia con estos actos. Vemos a policías involucrados con bandas criminales o policías que prestan su armamento para cometer tropelías. Es un desmoronamiento de la moral policial. Están pasándose a otro lado y eso es peligrosísimo.
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Hay un déficit de policías y de presupuesto…
Estamos viendo un desmoronamiento de la institucionalidad; una crisis de las instituciones en general, una crisis política que es el correlato de la crisis social que estamos viviendo. Es un desmoronamiento de la credibilidad de las instituciones y un enfrentamiento entre las propias instituciones que precisamente son las encargadas del control social. Un Estado tiene instituciones fuertes para prevenir y controlar socialmente estas situaciones de violencia criminal. La crisis institucional no solo es del Poder Judicial y el Ministerio Público, sino también de la Policía. Pero en el número uno hay una crisis de la figura presidencial y del Gobierno. No tiene parangón que la institución de la presidencia sea tan cuestionada. Por eso, el 90% no cree en este Gobierno…
Más del 90%…
El 90% o más no cree en este Gobierno. Por eso, en las encuestas que hizo Ipsos el año pasado solo dos instituciones pasaban el 50% de aceptación: el Reniec y el Banco Central de Reserva. El resto está abajo, pero abajo, ah. La Policía, con todos sus cuestionamientos, tiene 35%. Más abajo están el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo. No nos damos cuenta, pero ya estamos tocando piso.
En tiempos de terrorismo había más aprobación.
Sí. Hemos pasado crisis grandes en los 80 y 90 con terrorismo criminal y sanguinario que ponía en jaque la seguridad nacional del país. Pero todavía las instituciones se mantenían fuertes, por lo menos había eso. Ahora no. La fiscal de la Nación tiene una espada de Damocles por una investigación disciplinaria que quiere plantear la Junta Nacional de Justicia. Está jaqueada. Instituciones que deberían ser baluartes en la defensa de la sociedad, jaqueadas. Una presidenta de la república, jaqueada. Como sociedad, estamos yendo a un suicidio colectivo.
¿Qué le parece lo que ha declarado Harvey Colchado en sus últimas entrevistas?
Como oficial retirado, el coronel Colchado ahora tiene la oportunidad de declarar a la prensa. Refleja, obviamente, un descontento con lo que le está pasando. Él aduce que es víctima de una campaña de desprestigio y que se traduce en resultados. Ha sido separado, ha sido dado de baja deshonrosamente de la institución. Él tiene una explicación razonable de cómo ha logrado sus ascensos. Es un oficial que ha destacado por su trayectoria y por sus logros, no solo recientes, sino anteriores. Participó en investigaciones contra organizaciones criminales antes de que se forme la Diviac, tanto en terrorismo como en narcotráfico. Y ha participado directamente en la captura del último líder y miembro del Comité Central de Sendero Luminoso, el ‘Camarada Artemio’. Son resultados que él puede plasmar.
¿Le parece injusto su pase al retiro?
A mí me parece un poco injusto cuando dicen que Colchado no tiene trayectoria o proyección institucional. Por lo que conozco, y he trabajado con otros oficiales, Colchado era uno de los más destacados. Yo avizoraba que iba a alcanzar el máximo grado en la institución, pero la situación se ha dado así.
Varios partidos políticos lo quieren en sus filas.
Bueno, él ha dicho que no está pensando en esa posibilidad en estos momentos. En estos momentos él está más abocado en lograr su incorporación por la vía judicial en la Policía. Él es libre de tomar sus propias decisiones. Tiene adversarios y enemigos muy fuertes, pero también tiene gente que lo apoya.
Harvey Colchado acaba de reunirse con Rafael Belaunde, del partido Libertad Popular. ¿Cómo se vería una posible candidatura suya?
En la práctica, cualquier ciudadano que no tenga impedimento legal puede participar en las elecciones generales del próximo año. Sobre el caso del coronel Harvey Colchado, él es un oficial retirado de la Policía Nacional y nada le impide participar en reuniones políticas. Es su decisión personal.
El ministro del Interior también quiere ser candidato. Estuvo en el partido Progresemos.
Con respecto al actual ministro del Interior, si deja el cargo en el plazo de ley, también puede ser invitado a candidatear por algún partido político en las próximas elecciones. Claro que eso dependerá del partido que quiera incorporar en su lista a tal o cual candidato, con quién arriesga más o con quién tiene más posibilidades electorales. En otras palabras, quién le suma más en sus pretensiones y quién le resta más ante la ciudadanía, que es la que decidirá en abril del 2026.
“En 5 años han pasado más de 15 o 16 ministros del interior”
Ya declaró preliminarmente en el caso con Mateo Castañeda.
Eso es materia de una investigación fiscal. Está en plena diligencia investigatoria. Hay cierto retraso en esas diligencias. Se ha dado toda la información de los celulares que había pendiente. Los fiscales están investigando de forma reservada. En su momento he declarado preliminarmente. Falta complementar todavía. Estoy esperando que me citen.
Ha declarado por el caso Los Waykis en la Sombra. La presidenta está ‘jaqueada’, como dice.
Hay varios casos. La tesis fiscal es que hay una presunta responsabilidad de la presidenta y su entorno en hechos que están sometidos a una investigación. El tema de los Rolex, el tema del ‘cofre’, el tema de los nombramientos ilegales y muchos casos más, incluyendo enriquecimiento ilícito. No podría pronunciarme más porque son materia de investigación. Vuelvo a lo que dije al comienzo: eso repercute en dañar la credibilidad de la imagen presidencial. Y no es porque la prensa o la Fiscalía estén escudriñando ese tema, porque eso se denuncia y se canaliza de esa manera; daña la imagen de la presidenta y daña la gobernabilidad. Pero es parte del sistema democrático.
¿Es hora de cambiar al ministro del Interior?
Mira, yo siempre he sido contrario al relevo continuo de ministros del Interior. Después de que dejé el cargo, en cinco años, han pasado más de 15 o 16 ministros del Interior. Es un promedio de un ministro cada tres o cuatro meses. Un ministro tiene que nombrar un equipo, establecer sus políticas y proyecciones… En cuatro meses no se hace nada. ¿Qué políticas puede implementar, continuar o hacer seguimiento? Estamos jugando a tientas y a ciegas. Con esta inestabilidad permanente no se puede construir un gobierno contra la criminalidad. Cuántos años tenemos con esta situación.
La ausencia de la detención preliminar sigue haciendo mucho daño.
Por experiencia te digo que siempre en una organización hay estructuras y roles que se cumplen. Entonces, cuando se investiga, se hace con meses de anticipación para comprender la relación que los miembros tienen entre sí, y también con agentes encubiertos y presenciales, además de escuchas legales. Todo este procedimiento que está normado por la ley amerita tiempo y horas hombre para poder llegar a tener una hipótesis de trabajo y presentarla al juez para pedir la detención preliminar de estas personas. Pero a raíz de las modificaciones y derogatorias del Congreso, ahora solo se puede detener en flagrancia hasta antes de las 48 horas.
Solo se puede detener a un sicario en la balacera.
Si un sicario o un violador no es capturado dentro de las 48 horas, ya no puede ser detenido. Solo cabría la comparecencia y una investigación fiscal policial que establezca su responsabilidad. Pero en el camino podrían afectarse los elementos probatorios. La detención preliminar permitía profundizar y ahondar en diligencias que podrían sustentar más la presunta responsabilidad de esta persona. Ya no se puede hacer eso ahora. Esto causa un grave perjuicio a la investigación y al descubrimiento de la verdad. ¿Por qué lo han hecho? Los congresistas tienen que explicarlo.
¿Lo hicieron para proteger al vocero presidencial?
Claro, también hay investigaciones… Porque el congresista tiene una inmunidad. Solo puede ser detenido con conocimiento del presidente del Congreso. Pero bueno, estamos en esta situación. Espero que se pueda corregir oportunamente, si no, va a ser un retraso para la lucha contra el crimen organizado.
¿Cómo se lee el crimen de la extrabajadora del Congreso en el contexto de la presunta red de prostitución?
Es una clarinada de alerta. Nosotros siempre hablamos de posibilidades. A esta persona aparentemente la han atacado a mansalva para silenciarla. Por la magnitud del hecho, no es un asalto común y corriente. Se ha hecho un reglaje, ha habido una sincronización en el ataque y también una gran cantidad de disparos. Y para acallar a una persona involucrada en un hecho muy delicado que comprometía a funcionarios del Congreso de la República, nada menos.
El caso de Óscar Medelius también ejemplifica el nivel de violencia en que vivimos.
Es un tema que tiene que ver con tráfico de terrenos. Por ahí van las investigaciones al respecto. Falta una recomposición de todo el aparato estatal en temas de seguridad. Porque aunque la economía vaya, por otro lado, al final la crisis en la seguridad de una u otra manera también puede ahuyentar la inversión extranjera.
¿Cómo cree que acabe el juicio al expresidente Martín Vizcarra?
Está en juicio oral. Es parte del procedimiento judicial. Está asistiendo a sus audiencias. Y, al final, lo que esperamos todos los peruanos es que se sepa la verdad y que se asuman las responsabilidades que hubiera. No podría opinar más.
“Un ministro del Interior que tiene muchos cuestionamientos”
Santiváñez lleva 9 meses…
¿El cambio de ministro solucionaría el problema? Un ministro del Interior que tiene muchos cuestionamientos, muchos cuestionamientos. Pero también veo, al mismo tiempo, que goza de la confianza de la presidenta y lo mantiene ahí. Está jugándose el todo por el todo al mantenerlo. Eso al final le pasa factura. Y otra cosa adicional: es vox populi que también tiene la aceptación del Congreso. En otras oportunidades, por cualquier situación de menor envergadura, un ministro renunciaba para no pasar por el calvario de la censura o, de lo contrario, la presidenta le retiraba la confianza. Y por situaciones menores. Hoy, en cambio, veo que hay un tácito acuerdo para que se siga quedando. Pero si esta situación se sigue agravando, esto va a tener un costo político no solo para el ministro y el Gobierno, sino para los partidos que lo apoyaron. Al final, esto se va a ver el 2026.
¿Procederá la moción de censura contra Santiváñez? Ya firmaron 30 parlamentarios.
Yo creo que no va a proceder eso. A raíz de todos los hechos que hemos visto en los últimos meses, no va a proceder la censura.
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