El congresista Carlos Mesía (Fuerza Popular) planteó en la sesión virtual de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales preparar una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra para inhabilitarlo en el ejercicio de la función pública.
Este pedido se realizó cuando el grupo de trabajo debatía sobre la inoculación de Vizcarra contra el COVID-19, así como de otros exfuncionarios, por lo que también propuso declararse en sesión permanente.
“Yo creo que en este momento este subgrupo debe declararse en sesión permanente y debe -con los asesores que tiene- preparar una denuncia constitucional. En este momento suspendamos la reunión pro una hora y en un ahora que los asesores preparen el impeachment para de una vez aprobarlo y dirigirlo inmediatamente a la Comisión Permanente para que se inhabilite en el ejercicio de cualquier cargo o función pública al señor Martín Vizcarra y también -desde mi punto de vista- a la exministra de Relaciones Exteriores”, expresó.
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El legislador consideró que esto sería “un gesto de dignidad” con la población y una forma de “reivindicar” a los héroes nacionales. “Necesitamos reivindicar a médicos, bomberos, sobre todo a las familias que en este momento sufren y lloran porque no hay oxígeno”, agregó.
Asimismo, aseguró que quienes han recibido la vacuna contra el COVID-19 “han sido beneficiados de una muestra gratis” y “no han sido beneficiados de ningún placebo ni han sido participantes de algún ensayo clínico destinado a descubrir una vacuna”.
“Esos se han vacunado, señor presidente, esos no han sido miembros de ensayos clínicos y se han vacunado sabiendo que se ponían vacuna y que se convertían en personas inmunes”, dijo.
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Al respecto, la congresista Martha Chávez aclaró que el reglamento “prohíbe a los miembros de la Subcomisión firmar denuncias constitucionales”, pero se mostró de acuerdo y apoyó la petición de declarar al grupo de trabajo en sesión permanente.
Esto fue corroborado por el presidente Carlos Pérez (Acción Popular) quien indicó que el artículo 89, literal C, señala que “los congresistas que integran la subcomisión están impedidos de presentar denuncias constitucionales”.
En otro momento, el grupo de trabajo aprobó con 17 votos a favor, que sus integrantes publiquen declaraciones juradas indicando que no han sido vacunados contra el COVID-19.