Carlos Meléndez: "PPK no está dando gestos de transparencia"

Según la Encuesta de Poder 2017, Carlos Meléndez es uno de los cinco analistas políticos más influyentes del medio. En este diálogo señala que el fujimorismo está poco preocupado por la institucionalidad del país y que los efectos mortales de Lava Jato en el Perú propician el fortalecimiento de los radicales para 2021.

¿Estamos ante un intento de golpe de Estado del fujimorismo, como dicen los sectores antifujimoristas?
(Ríe). No, afirmar eso es una falta de respeto a los golpes de Estado institucionales. Hay una zona gris entre ser antiestablishment y antidemocrático. El fujimorismo, por enfrentarse a sus rivales políticos, pasa demasiado tiempo en esas arenas movedizas. Por eso, para mí, no estamos ante un “golpe institucional”, sino ante una estrategia torpe del fujimorismo que agrede a sus oponentes importándole poco que la institucionalidad esté en riesgo. Los ánimos están crispados y hemos entrado a una polarización que se está descontrolando en ambas partes. El antifujimorismo estaba desbocado, pero el fujimorismo ha entrado en la misma dinámica con la acusación al fiscal de la Nación.

¿El fujimorismo ha metido los dedos en el enchufe?
Se dice que tiene un ADN autoritario. Me parece que, más bien, es ‘antiestablishment’, marginal, en enfrentamiento con las élites. No se siente parte de estas. Tampoco de los actores políticos que tienen el toro por las astas en nuestro país. Siempre discutirán de manera agresiva con ellos, con los partidos tradicionales, con los medios de comunicación, con la clase dominante que sale siempre bien parada gobierno tras gobierno a pesar de estar putrefactos, como lo ha revelado Lava Jato-Odebrecht. La forma como se hacen negocios y política en el país ha llegado a un nivel de corrupción estructurada.

¿Son antidemocráticos?
Aún se manejan dentro de las reglas de juego. Son transparentes en sus enfrentamientos; el que tiene con El Comercio es explícito. No hay asociación con militares, con entidades de inteligencia oscuras como en los 90, no usa prácticas fuera de la ley. Tiene demasiadas tarjetas amarillas. Decirles que buscan el golpe de Estado es una estrategia de marketing político del antifujimorismo que busca mantener esa marca de autoritarismo. En su agresividad natural, el fujimorismo pisa el palito de la confrontación tan abierta.

En las votaciones congresales no hay grandes discrepancias.
Sí pues. Es más una cuestión de formas. El fujimorismo ha llevado adelante y respaldado algunas leyes como la igualdad salarial, el uso del cannabis medicinal. Son causas “progres” más allá del apoyo al Ejecutivo y a la gobernabilidad. Promueven la acusación a Glave y Huilca por su hashtag: “Perú, país de violadores”. Es un tema secundario para la gobernabilidad y el equilibrio de poderes, pero se utiliza para levantar la imagen de autoritarismo y golpismo del fujimorismo. Y ellos son torpes mediáticamente, no enmarcan sus mensajes, no tienen llegada a los medios, pero tampoco hacen nada al respecto. Aparecen como enfrentando naturalmente a los medios.

¿Por torpeza?
Es algo que deben aprender. No pueden seguir con esta lucha contra los medios, menos en esta era mediática. Es un derecho enjuiciar a un periódico, pero, más allá de ello, no saben vender sus mensajes. El antifujimorismo no tiene los votos, pero sí la iniciativa a través de los medios.

¿Está abusando de sus votos o el antifujimorismo quiere manejarlos?
El fujimorismo no sabe responder a las ideas fuerza que aparecen contra ellos en los medios. Es fuerte políticamente y no mediáticamente. Privilegia el enfrentamiento a la negociación. Con los votos del Congreso podría hacer un pacto político, pero no tiene esa vocación. Veremos qué pasa con el pedido de facultades extraordinarias.

Actualmente en el Perú hay un desmadre, todos contra todos…
Hay descontrol. El fujimorismo tiene los votos para lograr la gobernabilidad, pero está perdiendo esa oportunidad histórica con sus votantes. Está cayendo en la polarización. No son los únicos, pero tienen la responsabilidad de ponerse por encima de otros actores más débiles que ellos. Podrían impulsar un pacto anticorrupción desde el Congreso. Sin embargo, se enfrentan al fiscal de la Nación.

La acusación a la Fiscalía es por no investigar a las empresas consorciadas de Ode-brecht. Los fiscales dicen que sí las investiga, pero una consorciada dice que no…
Eso le compete a cada fiscal. Además, aparece como sospechoso acusar al fiscal dos días antes de la declaración de Marcelo Odebrecht. Una torpeza. Que se les investigue, pero, ¿para qué enfrentarte? No es la forma y, además, no tendrán los 84 votos para acusar.

Es como si les explotara el cohetón en la mano…
Claro. Les molesta que los investiguen por investigación criminal, pero quien no la debe no la teme y la figura está permitida por la ley…

¿Excesivo?
¿Que no investiguen a las consorciadas amerita una acusación constitucional? No es la manera, son cuestiones de forma, no están manejando bien sus tácticas.

Reclaman los fujimoristas que los cocteles de PPK no se investigan.
Todo debe investigarse. Ahora, creer que los jueces no tienen sesgo político es una inocencia. Tienen preferencias políticas, claramente. En el Perú aún hay intocables. Si quieres legitimarte como autoridad, como fiscal, no deberías dejar llevarte por sesgos políticos o preferencias. La Fiscalía peruana no tiene la fortaleza institucional, el peso político para llevar adelante la investigación de la megacorrupción que se ha destapado. Además, entre ellos hay intereses individuales, facciones, etc.

El fiscal de la Nación declaró que “la decisión del Congreso (de acusarlo constitucionalmente) traspasa el orden constitucional y el Estado de derecho”. Fuerte, ¿no?
La decisión está dentro de las facultades del Congreso. Se ha entrado a un enfrentamiento abierto. Cada institución está sacando su lanza cuando hay que poner paños fríos. El fujimorismo no busca la vacancia, pero ha entrado en una vorágine que busca llegar con sus votos hasta las últimas instancias. El fiscal debe ir al Congreso, es parte del juego de equilibrio de poderes.

Las declaraciones de Marcelo Odebrecht no han implicado a Keiko, sino al propio presidente y a las empresas consorciadas.
Increíble. El interrogatorio era sobre las notas de Odebrecht sobre Keiko y Alan García, pero hubo una carambola y terminó golpeando a PPK y a las consorciadas. Es grave. El sistema político peruano fue capturado por la corrupción brasilera y nadie se salva. Deberíamos conocer las declaraciones de Marcelo Odebrecht. En Brasil todas las delaciones están colgadas en la web de la Fiscalía. Debe promoverse acá, evitaríamos el manoseo de los medios de comunicación.

Es una suerte de ‘callejón oscuro’ donde todos salen magullados…
La situación del presidente es grave. Ahora hay que corroborar lo que dijo Odebrecht sobre PPK. Si lo contrataron, debería mostrarse recibos. Lo cierto es que las puertas giratorias se dan en el más alto nivel de la política peruana.

El presidente ha negado un apoyo para las campañas o vínculo profesional con Odebrecht.
Si se comprueba con un contrato o documentos que ha mentido a la comisión investigadora, eso sí tiene consecuencias graves. Con Keiko es igual, no hay documentos.

El artículo 117 de la Constitución se volvió la piedra de toque del país. ¿El presidente es investigable o no?
Habría que preguntarle a un constitucionalista…

Mejor a varios, porque cada uno tiene su interpretación.
Si mintió, es una falta grave. Yo entiendo que sí se le puede investigar. En otros países ocurre. En Brasil, la Fiscalía pudo hacerlo. Con permiso del juez, se grabó una conversación entre Lula y Dilma.

¿El fiscal de la Nación debe investigar al presidente por las declaraciones de Marcelo Odebrecht?
Amerita que se hagan las investigaciones pertinentes. No debería haber tratos desiguales entre los políticos. Son hechos previos a su mandato.

¿Cuánto tiempo perseguirán al presidente las imputaciones sobre que realizó esquema financiero del Gasoducto, de haber trabajado para Odebrecht? Es un karma…
El karma durará el tiempo de su mandato. Las investigaciones tienen que darse y la posición de estadista es invitar a que investiguen todo lo que se requiera. La reacción presidencial ha sido a la defensiva. Debería ser todo lo contrario. PPK tiene que dar facilidades para que el karma no lo siga hasta su último día en Palacio. El presidente no está dando gestos de transparencia y honestidad, sino de soberbia. No perdería nada, más transmite decencia promoviendo las investigaciones.

¿Puede mantenerse un gobierno con acusaciones perpetuas? Conoceremos la declaración de Odebrecht, luego vendrá la búsqueda de pruebas…
Hay gobiernos que duran así todo el período. Temer, el presidente brasileño, aguanta un 2% de popularidad. Está bien que, aún así, se mantenga el orden constitucional. Además, como políticos y empresarios están metidos en el mismo saco, se ha llegado a un nivel de cinismo político grande que genera cierta estabilidad. No tenemos gente protestando contra una clase política corrupta, eso sí provocaría inestabilidad. El peruano está desafecto de la política después de todos los casos de corrupción.

¿En qué país estamos?
No es el que quisieran los caviares que llaman a la movilización callejera y a tomar las calles vía ciertos medios. Parte de la izquierda tiene rabo de paja porque Susana Villarán también está en la corrupción.

¿Viviremos de escándalo en escándalo?
Es nuestra famosa calma chicha. Para bien o para mal, es nuestra idiosincrasia política. La amenaza de un radical para 2021 crece. Ahí está el riesgo, no en que este presidente caiga. Gente como Goyo Santos está armando su partido al interior del país, se moviliza. Brasil tiene una seguridad institucional como para que grandes empresarios estén presos, en el Perú no hay eso. Y no hay preocupación para generar institucionalidad.

¿Detrás de todo este ‘matagente’ está el 2021?
Al interior del país hay un radicalismo organizado que será el capital político que en 2021 se peleará contra el establish-ment corrompido que estamos viendo caer. Mire la fuerza de la huelga magisterial. Esa izquierda tiene más fuerza que Verónika Mendoza y otros pitufos electorales.

También se le critica al fujimorismo que acuse a miembros del Tribunal Constitucional por el caso de El Frontón.
Lo irónico es que quien presenta la acusación constitucional es Pedro Olaechea y se le sumó Jorge del Castillo. Pero se lo cargaron al fujimorismo. Pertenece a esta narrativa antifujimorista del abuso de las instituciones. El fujimorismo no sabe desmarcarse de estas etiquetas aunque el TC haya reabierto un caso incorrectamente. Su talón de Aquiles es la acusación de autoritarios. A pesar de ser una organización política distinta a la camarilla fujimontesinista de los 90.

Acción Popular, APP se ponen de costado en estos líos…
Porque creen que pueden capitalizar el enfrentamiento entre el fujimorismo y los antis, incluido el oficialismo. Tienen sus candidatos presidenciales.

“El sistema judicial no caza peces gordos”

¿Alan García salió bien librado del interrogatorio a Marcelo Odebrecht?
Es el que ha salido mejor parado entre todos. Odebrecht dijo que lo habían contratado para una conferencia, pero no hay evidencia.

¿Toledo es una extradición perdida?
El sistema judicial no está preparado para el gran desafío que tiene enfrente. Ha caído en el sesgo político. No cazan peces gordos. En Ecuador el vicepresidente está preso. Acá hay descoordinación, se filtran los interrogatorios.

Susana Villarán y Gabriel Prado fueron involucrados con la corrupción…
La izquierda que debería impulsar las investigaciones, porque los conoce bien, no dicen nada. No luchan contra la corrupción, sino contra sus rivales políticos, pese a que hay pruebas, cuentas, evidencias.

Ficha

- Meléndez es sociólogo graduado en la PUCP. Tiene estudios de doctorado en la Universidad de Notre Dame (EE.UU.).

- Investigador del Instituto de Estudios Peruanos y del Institute for Democracy and Electoral Assistance. Columnista de El Comercio.