Carlos Meléndez: “Hay que evitar que la crisis en Puno se desborde”

Carlos Meléndez ensaya en esta entrevista algunas propuestas de salida a la crisis. Para el socio del grupo de análisis político 50+1, una tarea prioritaria del gobierno de Dina Boluarte es evitar que se extienda la violencia fuera de Puno y, en ese contexto, identifica a Arequipa como una región fundamental para empezar a recuperar el orden público.

La presidenta Dina Boluarte no renunciará y el premier Alberto Otárola sostiene que hacerlo sería abrir el camino a una situación de anarquía y desgobierno. ¿Cómo analiza Ud. la postura del gobierno frente a la crisis?

En el Perú existen dos coaliciones, por decirlo de un modo. Una coalición del establishment y una coalición del anti-establishment. En la coalición del establishment están las bancadas parlamentarias de la derecha y de la centroderecha, incluso las bisagras con las que suman 72 votos, las fuerzas del orden, militares, policías, algunos empresarios formales; están Lima y las clases medias. En el anti-establishment están desde grupos radicales, tanto de izquierda del siglo XX como frentes de defensa, como actores ilegales: mineros ilegales, contrabandistas, el mundo de la informalidad, pero también está el mundo campesino, principalmente expresado en las movilizaciones en las regiones. El país está dividido entre estas dos coaliciones político sociales. Dina Boluarte llega al poder de manera intempestiva y dice: ‘Tengo que aliarme con una de estas dos coaliciones para gobernar’. Ella conoce muy bien la coalición anti-establishment porque Pedro Castillo y ella hicieron proselitismo político en ese mundo y, conociendo eso, decide gobernar con el establishment. En un país dividido, el establishment tiene mayor posibilidad de perdurar, de permanecer y de ser el pilar de un gobierno; por eso decide asentarse en ese lado. El problema es que el anti-establishment tiene gran movilización y capacidad de presión, y aprovecha la informalidad para penetrar de mejor manera la sociedad y ejercer violencia. Entonces, lo que necesita Boluarte para mantenerse en el poder es mantener esa coalición, esa unidad, y solo puede hacerlo si logra imponer el orden público en el país, es decir, si establece un régimen de mano dura, obviamente sin víctimas mortales, que es el alimento, el motor y el combustible para el anti-establishment. Por eso es que Otárola sale a manifestar que la presidenta no va a renunciar, porque él de algún modo es el portavoz de esta coalición; lo hemos visto en el Congreso con una narrativa propia en su presentación propio de un populismo mano dura. Entonces, ¿es capaz Boluarte de generar los incentivos para mantener a esta coalición unida, para mantener esta suerte de luna de miel? La situación política está llevando a que algunos actores políticos empiecen a dudar su permanencia, incluso en el sector empresarial. Si yo tengo el turismo de Cuzco parado o tengo la actividad minera en Puno parada, si soy exportador iqueño y tengo que vender uvas al exterior y está cerrado Barrio Chino, por más que sea empresario y por más que crea en la necesidad de un orden público, si esta presidenta no me está solucionando esos problemas, voy a dejar de pertenecer a esa coalición. Ella tiene que evitar que esa coalición se descalabre y mantenerla cohesionada.

¿Pero ese restablecimiento del orden público va a ser suficiente para mantenerlos aglutinados alrededor de ella y darle el soporte que necesita para todavía un año y medio de gobierno?

El Ejecutivo ha dado cosas ya a esta coalición. El retorno de cuadros tecnocráticos a los ministerios ha sido clave, la promesa de reformas políticas e institucionales que ayuden a cambiar las reglas de juego electorales, para que los actores formales de la economía participen de una manera más transparente en la política, es una promesa que, de concretarse, contribuiría a que esta coalición se mantenga unida. Es decir, esta coalición no está aliada solamente por el tema de orden público, sino que hay otra agenda más, una agenda económica, de orden institucional político, pero hoy en el país el principal problema es de orden público y esa es la principal debilidad de un gobierno que, además, no tiene los voceros, no tiene los operadores para poder garantizar el orden público. Porque, como sabemos, el gobierno anterior se encargó de descabezar el sistema de Inteligencia, de poner desorden y de hacer este negociado sucio con las jerarquías militares y policiales, entonces, el gobierno de Boluarte llega y supongo que debe haber encontrado todo un mar de desconfianzas al interior de las instituciones castrenses; ese es un elemento adicional que quizás no esperaba y no logra llegar a otorgar, a hacer el delivery de esa promesa de orden público, que es una de las tres promesas que quiere la coalición del establishment: recuperar el Estado, mejores instituciones políticas y orden público. Boluarte está cumpliendo el primer punto de agenda, que es recuperar el Estado. No ha presentado nada sobre reforma política el Ejecutivo, pero lo está dejando en manos del Congreso, quizás eso sea parte del acuerdo; pero en la tercera promesa del orden público es donde hay un gran déficit y por eso es que es clave para la estabilidad del gobierno.

¿Y cómo llegamos a esa estabilidad, a esa recuperación del orden público? Desde el Congreso y otros sectores han reclamado al gobierno asumir sus responsabilidades políticas. ¿Esa puede ser una salida? ¿Cuál debe ser el camino que adopte el gobierno para poder restablecer este orden público?

Yo creo que hay evitar que la crisis de Puno y de Juliaca se desborde y se expanda por el resto del territorio. Ya fracasó una comisión de alto nivel –que no era tan alto, por lo que he visto en el perfil de los cuadros tecnocráticos– que fue a Juliaca y no fue recibida por nadie. Querer recuperar Puno creo que, a estas alturas de cómo está la movilización y después de tantas víctimas mortales, es una quimera. Lo que el gobierno debería evitar en estas circunstancias tan extremas a las que hemos llegado es evitar que la movilización radical y violenta se expanda a otras ciudades y a otras regiones del país; ya parece que Cusco ha entrado en esta misma dinámica y que se están desbordando Moquegua y Tacna. Yo evitaría que Arequipa entre en este efecto contagio de protestas con violencia. Se habla mucho de una gran marcha a Lima porque haría que caiga o que tambalee muy fuertemente el gobierno de Dina Boluarte. Yo creo que no es necesaria una marcha a Lima para que caiga el gobierno, sino que se tome Arequipa; o sea, yo creo que por ahora el bastión de la democracia y el bastión de la resistencia del establishment se está jugando en Arequipa, en la Ciudad Blanca. Los ‘Arequipazos’ tienen una simbología, una historia y un rol en nuestra historia, y evitar que esta ola de protesta llegue a Arequipa creo que es fundamental para empezar a recuperar el orden público. No basta pues con discursos simbólicos, poniendo medallas a héroes policiales o militares si no tengo una visión geopolítica y estratégica del orden público al interior del país. Yo creo que en el mapa de las prioridades del Perú ahora está Arequipa para el establishment, es una suerte de represa del establishment para que no avance más este malestar que estamos viendo en el sur.

¿El gobierno tendría que buscar figuras representativas de la zona sur, interlocutores válidos en Arequipa? Porque es evidente que a estas alturas no ha logrado establecer ninguna conexión ni diálogo con estos sectores que encabezan las protestas, muchos de los cuales no están identificados todavía.

Es muy importante que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales haya elegido como presidente al actual gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez. Creo que esa es la arena política, la arena institucional donde el gobierno tiene que poner más énfasis. Cada gobierno regional está en su efímera luna de miel también, son autoridades elegidas con un bajo porcentaje, pero en una arena tan débil y pantanosa como la crisis de representación en el Perú es lo único que por ahora te permite tener como interlocutor; no existen interlocutores en los frentes de defensa o en la movilización espontánea de comunidades campesinas, menos en la movilización articulada y organizada de los actores ilegales, con esa gente no se puede conversar; con quien se puede conversar ahora es con los gobernadores que acaban de ser elegidos y que tienen 15 días en el cargo. Pero, claro, tres de estos gobernadores en todo el país le han pedido la renuncia a Dina Boluarte; entonces, yo trataría de evitar que sean más los gobernadores que se acoplen a esta oposición. Lo que menos necesita Boluarte hoy en día es una oposición de gobernadores regionales. Entonces, esos son los interlocutores que tiene que convencer y cada región tiene su propia agenda. Si en este mar de violencia en Puno yo ofrezco un plan importante creíble y con resultados en el corto plazo de descontaminación del lago Titicaca, puedo de algún modo decir que realmente me preocupa Puno. O sea, a mí me preocupa Puno como gobierno; no porque digo que me duelen las víctimas mortales, sino porque realmente tengo un plan para descontaminar el principal recurso natural que tiene esa región. Para recuperar el orden público, no basta solamente fortalecer a los grupos armados del Estado, sino también ofrecer una agenda que sintonice con las demandas históricas de cada región. Pero, claro, eso en este momento puede ser un poco naif porque es una agenda para los próximos meses, una vez que se estabilice y que se pare la violencia. Hoy en día los interlocutores regionales tienen que ser para justamente mantener el orden público donde no se ha perdido.

Pero, además, es una agenda que, antes del golpe de Estado de Pedro Castillo del 7 de diciembre, era muy distinta, con reclamo de reivindicaciones sociales, compra de urea o destrabe de proyectos y que ahora se ha convertido, más bien, en demandas políticas de una Asamblea Constituyente, la renuncia de Dina Boluarte e incluso la liberación del golpista.

Sí, de acuerdo, y en ese sentido tienes que ofrecer, simbólicamente hablando, una cabeza política a quienes protestan en Puno; no algo maximalista pero sí algún tipo de gesto político. La gente se involucra en política y participa políticamente porque quiere tener un resultado. Los limeños se movilizan y logran tumbar a un presidente como Manuel Merino, los puneños se movilizan y no van a dejar de hacerlo hasta que consigan un triunfo simbólico. No tienes que darle un triunfo político, no tiene que salir de esto una Asamblea Constituyente; ojo, no estoy diciendo eso, pero algo políticamente tienes que dar. La renuncia de Otárola me parece que no va a cambiar mucho el ánimo de la gente, no creo que solucione el problema, pero un adelanto real de elecciones, sí. Yo sí, creo que un gesto de estas características va a ser que no todo Puno, pero un sector de los puneños movilizados, sobre todo los más espontáneos, digan: ‘ok, algo logramos, de algo valió’. Creo que Dina Boluarte tiene que pensar seriamente en adelantar las elecciones y convencer al Congreso y a sus aliados de que el 2024 es demasiado tiempo. La otra opción sería capitular –de algún modo involuntariamente Pedro Castillo capituló–, aunque, claro, Otárola diga que no, que no es posible y una tercera opción es que nos sinceremos y que se termine construyendo un gobierno de mano dura; eso también es una posibilidad, que caigamos en un populismo de mano dura. Yo prefiero; esto lo digo a título personal, la opción de un símbolo político, de una recompensa política a todo el despliegue. Creo que con el adelanto de elecciones podemos empezar a tener cierta calma en algunas zonas del país.

El primer ministro ha señalado que no habría garantías de elecciones justas, transparentes ni democráticas si este adelanto de elecciones se anticipa hasta antes de abril de 2024, que es lo que se ha fijado inicialmente y, por otro lado, están las reformas políticas que un adelanto de elecciones no daría tiempo de hacer.

Entonces, si el primer ministro considera que eso no es posible, pues su opción es tener un régimen de mano dura y a ver, ojalá que le vaya bien como un régimen de mano dura. Yo no creo que eso sea una opción en estos momentos. Tienen que comprender quienes pasan por Palacio de Gobierno que en el Perú la política es el arte de lo imposible; es decir, tenemos que ser sumamente creativos y con buen diagnóstico para hacer reformas, normas y leyes que, con mínimos costos posibles, sean game changers y solucionen los problemas más importantes y neurológicos que hay en el país ahora. Por ejemplo, se habla mucho de la bicameralidad como una solución, o de la reelección parlamentaria para tener políticos profesionales en las arenas legislativas, pero, tal como está la cosa, con las mafias ganando el control de la política tanto en la calle como en los hemiciclos, si hoy día instalo una bicameralidad, voy a tener dos cámaras de mafias, y si hoy establezco una reelección parlamentaria, voy a tener elegidos a los parlamentarios mafiosos. Yo diría que hay una agenda que la próxima semana puede pasar el Congreso sin ningún problema y sin esperar una reforma constitucional que es nivelar la cancha del financiamiento privado. Hoy día el financiamiento privado está prohibido en grandes cantidades. Está prohibido que una empresa, que una institución económica del poder económico, de la economía formal, contribuya a la política, eso se ha cerrado; las reformas de los últimos años han previsto solamente un financiamiento público de la política con nuestros impuestos y lo que ha hecho es que la política está siendo financiada por actores informales, por mineros ilegales, por contrabandistas, por narcotraficantes, esos son los que financian la política en los congresos, gobiernos regionales, alcaldías. Tenemos que hacer una reforma que nivele la cancha y que no sean solamente los poderes ilegales los que estén financiando la política porque, si no, vamos a tener más de los mismos políticos. Si yo hago los cambios en la Ley Orgánica para que la economía formal participe con una posibilidad de financiamiento, voy a nivelar esa cancha, y en la próxima elección, sin hacer tan grandes reformas, el número de la contribución de la mafia en la política va a disminuir. Para eso se requiere una mayoría simple en el Pleno; o sea, no se requieren dos legislaturas, reforma constitucional, votación con referéndum, no, es una mayoría simple en el Congreso que va a tener un gran impacto en la política peruana. Pero, claro, esos temas no están pues en la agenda de los reformólogos. Si Otárola está pensando en reformas políticas, ataca solamente al guión de los reformólogos predominantes del país, no hay ninguna solución posible; tiene que pensar que en el Perú la política es el arte de lo imposible y no es tan imposible como el ejemplo que acabo de manifestar y hay muchos otros al respecto.

¿Cree que hay voluntad del Congreso de llevar a cabo esas reformas? Porque el discurso es el mismo de siempre: renovación por tercios, bicameralidad y reelección que de alguna manera grafican los intereses de esos sectores.

Sesenta y seis votos sí los hay en el Congreso. Otárola ha conseguido 73 votos. ¿De esos 73 no puede conseguir 66 para pasar una reforma de financiamiento privado? No estoy hablando de grandes reformas, este no es el momento de pensar en grandes reformas constitucionales porque requieren mayorías calificadas o referéndum, no. Si abres la puerta de referéndum, se te va a filtrar el referéndum constituyente; o sea, están pensando en la reforma muy atados a sus prejuicios y a sus sesgos ideológicos de financiamiento público solamente. Le estoy dando un ejemplo de algo que se puede solucionar con 66 votos, de algo muy viable que puede tener un efecto inmediato en la próxima elección.

¿Y para eso se requerirían más actores políticos en el Ejecutivo? Porque si bien el primer ministro tiene experiencia política, el perfil general o mayoritario en ese gabinete es el técnico y en este momento lo que se necesita es un manejo mucho más político.

Sí, obviamente. Hemos pasado de un péndulo de políticos populistas a un péndulo de tecnócratas sin experiencia política; es normal que suceda esto cuando los partidos políticos son débiles, pasas de un péndulo del populismo al péndulo tecnocrático. A Castillo le sobraban los chalecos políticos por decirlo coloquialmente, tenía a (Aníbal) Torres, a Betssy Chávez, a (Roberto) Sánchez, a (Alejandro) Salas, tenía a sus abogados, le sobraban voceros políticos; no tenía ni un técnico decente, o muy pocos, para no generalizar. Acá hemos caído hacia el otro péndulo, es como si no aprendiésemos las lecciones; acá lo que necesitas son obviamente más cuadros políticos o cuadros tecnópolos, técnicos que se den cuenta de la importancia política. Por ejemplo, al ministro de Justicia lo hemos visto tener muy buenas reuniones con diversas personajes, profesionales, instituciones que han pensado en contribuciones a la reforma política; ese es un buen foro tecnopolítico, es un ejercicio político pero con apoyo tecnocrático. Lamentablemente, el trabajo del ministro de Justicia no se ha visto reflejado en el Pleno cuando Otárola va a pedir la confianza. Entonces, sí hay dentro del Ejecutivo algunas personas que pueden cumplir ese rol, el ministro de Justicia es uno de ellos, pero obviamente se requieren más; Otárola solo va a estar muy estresado, muy presionado, muy acorralado y necesitas otros voceros también.

¿Sería necesario, entonces, poner más fichas políticas en el gabinete?

Sí, sin dudas. Primero, evitar que haya mayores cambios en el gabinete, eso es una muestra de debilidad que el gobierno no tiene y, no necesita mostrar ahora, sin lugar a dudas. Y, segundo, los ministros son claves para tener voceros. Yo pondría un ministro de Trabajo con más experiencia política que no solamente se encargue de temas referidos a la cartera, sino que pueda dialogar con sindicatos. La CGTP se está promoviendo como el articulador de la protesta social en Lima para la próxima semana; yo pondría un ministro de Trabajo menos preocupado por solucionar los problemas de la Agenda 19 que dejó Betssy Chávez y con más habilidades y más destrezas para hablar con todos los sindicatos; necesitamos un ministro de Trabajo capaz de irse caminando a la Plaza Dos de Mayo y de reunirse con los sindicatos de los trabajadores; ese es el tipo de cuadro político que se necesita hoy, no un exasesor de la Comisión de Trabajo, pero esperemos que sean capaces de darse cuenta de eso.

Lo mismo de Educación, por ejemplo, donde está la Fenatep que fue reconocido durante el gobierno de Castillo y cuyo titular no tiene mayor visibilidad…

Así es, al gabinete le hace falta más realpolitik. Obviamente hay temas preocupantes como la reforma universitaria en educación, desmontar la Agenda 19 en el Ministerio de Trabajo, pero no basta con eso. Estamos en un momento político, no tecnocrático, sino de crisis política, y la solución tiene que venir por el lado político; entonces, necesitas en Educación, Trabajo, Energía y Minas a ministros o por lo menos viceministros o asesores capaces de conocer esa realpolitik y de evitar mayores desbordes de inestabilidad.

Antes de finalizar, quisiéramos invitarlo a desarrollar un poco más la idea de un tuit que publicó esta semana y que dice: “Que la polarización y la crisis política en el Perú no nos nuble de ver la movilización campesina que está ocurriendo. Inédita con respecto a las últimas tres décadas”.

Yo, viendo las imágenes de las protestas donde obviamente hay violencia, vandalismo, subversión sin lugar a dudas –no estoy negando eso–, veo una masa campesina movilizada que no recuerdo haberla visto desde hace mucho tiempo en la política peruana, quizás desde las protestas por tierras en el altiplano en la década de los 80. Todos creemos que el mundo campesino en el Perú ha desaparecido y no es así. Hoy en día, en Puno existen entre 1,200 y 1,400 comunidades campesinas; es una de las regiones de mayores comunidades campesinas. Hemos visto al pueblo quechua y al pueblo aimara de Puno movilizarse en estos días pacíficamente. Hay otros actores que obviamente aprovechan y utilizan este movimiento campesino para legitimar la violencia de la búsqueda de sus intereses particulares –no hay lugar a dudas de que el contrabando es un delito, que el narcotráfico también lo es, que la minería ilegal lo es, ok, y ellos aprovechan este tipo de manifestaciones masivas, de reclamos históricos para sus propios intereses–, pero no hay que estereotipificar y estigmatizar la protesta puneña solamente como manipulada por estos actores ilegales o con influencia boliviana, que de hecho la hay; el altiplano es un circuito que trasciende fronteras. No estoy negando la existencia de eso, pero también existe una gran movilización campesina que yo no había visto en mucho tiempo. Yo veía las imágenes que llegan por redes sociales y decía: “¿Qué pensaría Arguedas de ver una manifestación campesina de este tipo?”. Nos hemos creído que ya no existe el mundo rural, que es un mundo debilitado, golpeado, con mucho malestar histórico; no es un actor fuerte, es un actor débil, pero que, en comparación con otros actores de la sociedad peruana, en este momento de crisis, está juntando todas sus fuerzas posibles para hacerse oír y eso es algo que hay que recordarlo más allá de la violencia y de los actores criminales que están en la carretera y en la calle hoy en día.

VIDEO RECOMENDADO