El detenido ex funcionario Carlos García desestimó este miércoles la hipótesis fiscal que lo implica con el denominado Club de la Construcción y reveló que el Ministerio Público le insiste en acogerse a la figura de colaborador eficaz para que contribuya con información en el proceso.
Durante la audiencia de prisión preventiva, García contó que el fiscal Marcial Paucar, del equipo especial para el caso Lava Jato, le ha pedido en dos oportunidades en ser colaborador por el resto de la investigación. Uno de los episodios habría sucedido durante el allanamiento realizado a su vivienda y, el otro, en la sede de la Fiscalía.
"En un momento me llevó a la sala de mi casa, junto a mi abogado, y me dijo (el fiscal): 'mire señor García, por las penas que le corresponden, se sacó la cuenta y le van a poner 22 años (de cárcel), pero si usted colabora conmigo y es colaborador eficaz yo le rebajo la pena a once años y se la doy suspendida (en libertad)'", manifestó.
Tras rechazar la propuesta del fiscal, contó el ex servidor, Paucar le habría respondido de la siguiente manera: "Le dije que no tengo cómo corraborar nada, no puedo ser su colaborador eficaz y tras eso, el fiscal me dijo: 'yo sé que usted está amenazado de muerte por el doctor Alan García Pérez'", expresó.
Asimismo, el ex asesor del Viceministerio de Transportes sostuvo que no conoce a varios de los implicados en el caso, aunque dijo que sí es amigo de Rodolfo Prialé de la Peña, a quien la Fiscalía señala de ser el "lobista" y representante del "club", y de Guillermo Reynoso, quien sería socio de Prialé.
"Mi único delito es ser amigo de Rodolfo Prialé, que es un privado, al igual que Guillermo Reynoso, su único delito es ser mi amigo, y eso no me parece justo, ya tengo 15 días acá (detenido) y no sé el porqué, nadie me acusa de haber recibido dinero", replicó.
De acuerdo a la investigación fiscal, los implicados formaron parte de un "club" de empresas del rubro construcción que pactaban entre ellos la repartición de obras que ofrecía Provías. Esta presunta organización delictiva habría operado entre el 2011 y 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala.
Prialé de la Peña es quien, según la indagación, entregaba a Carlos García la relación de compañías que participarían de una licitación.
García, a su vez, se encargaba de "operativizar" dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones el otorgamiento de la buena pro de la constructora que había sido previamente elegida por el propio "club" para que se adjudique el proyecto. El ex servidor público, según la Fiscalía, cobraba a la empresa ganadora el 2.92% del valor total de la obra.