Carlos Amat y León analiza la agenda minera con una visión de largo plazo y entrelaza su desarrollo con el progreso económico, productivo y hasta urbanístico. También comenta sobre política. Desde esa perspectiva, el exministro de Agricultura le dice no a un eventual adelanto de elecciones.

El tema minero está en agenda por conflictos coyunturales. ¿Es posible una convivencia armoniosa y productiva entre agricultura y minería?

Es indispensable y necesaria. El país ha caminado, camina y tiene que caminar con un acuerdo de primer nivel entre agricultura, minería, turismo y otros sectores también porque comparten el territorio. Viven, conviven, pero no para mañana o pasado, los proyectos mineros son para los próximos cuarenta años. (…) No solo comparten el territorio sino los centros poblados donde residen los asientos mineros y los profesionales… Un ejemplo es Cerro Verde, en Arequipa, es la tercera o cuarta mina más grande del mundo. Sabemos que hay algún impacto, pero hoy, en la Plaza de Armas, ¿alguien va a decir “cierren Cerro Verde”? Se ha manejado con conflictos iniciales, pero se llegó a un acuerdo y hoy Arequipa y todo el mundo ve que Cerro Verde potencia la actividad productiva, económica y también el desarrollo urbanístico de la ciudad.

En el caso del proyecto minero Tía María, ¿tiene dudas sobre los potenciales impactos ambientales?

Intuyo que la nueva tecnología con la que se maneja la minería moderna puede atenuar o minimizar, y también compensar, si hay algún daño a la población, pero Arequipa y el sur del país necesitan el empuje financiero, el potencial y la capacidad financiera que nos da la minería porque son 60 mil millones de dólares que están en cartera. Pero no son solo los 60 mil millones. ¡Por Dios! Nadie invierte para recuperar 60 mil millones, sino para generar seis o diez veces más, (…) lo que está en juego son 360 mil millones de dólares.

¿Cómo califica la respuesta del Gobierno ante la conflictividad en el proyecto minero Tía María?

Temor a ese levantamiento popular. Ciertamente son personas dogmáticas antimineras, pero también es cierto que hay que considerar que en el caso de Arequipa, la historia de Southern de los últimos cincuenta años hereda un recuerdo de impacto ambiental. (…) Hoy día en Arequipa se juegan los próximos años del país porque para activar la necesidad de este tipo de minería y confrontar esta desconfianza visceral y casi popular, particularmente en el valle del Tambo, se tiene que ir a otro escenario de manejo del país.

¿Cómo entender la paradoja de tanta riqueza minera y tanta pobreza?

La paradoja es que tenemos ejemplos anteriores… Están en juego, no 60 mil millones de dólares de inversión minera para los próximos veinte años, sino 500 o 600 mil millones de dólares del Producto Bruto Interno (PBI) que se van a generar. Y no somos capaces de financiar una corporación de desarrollo para que haga los expedientes técnicos, facilite los contratos de profesionales de punta en el mundo y, además, contratos con las universidades para que sean las aulas vivas que forman profesionales para esta economía moderna que hay que construir en la minería, turismo, salud, educación…

El canon representa el 50% del Impuesto a la Renta que va a las regiones, pero eso no se ha traducido necesariamente en desarrollo. ¿Modificaría la forma en que se distribuye el canon?

Que la Cámara de Comercio, el arzobispo, los pueblos jóvenes de los conos sur y norte, el Frente Cívico pidan una nueva junta de regulación de Arequipa para manejar Majes Siguas, que es una agroindustria compleja importantísima. (…) Tenemos que reorganizar el Estado en su nivel regional y local, que los presidentes de las regiones sean parte de este directorio, pero con las reglas de juego, de gestión, como las que tenemos en las olimpiadas que están clarísimas. Que se cumplan las metas con contratos bien precisos, transparentes, no hay adendas, no hay arreglo debajo de la mesa y de acuerdo al tiempo acordado. Si el país no estructura un Estado de gestión, de crecimiento económico, que son esta cartera integrada de proyectos de inversión, estamos jalando la pita del cuello para estrangularnos.

El caso Tía María no es aislado, han surgido nuevos conflictos en Quellaveco y en la Amazonía están los atentados contra el Oleoducto. ¿Cree que hay una agenda política en torno al discurso antiminero?

Ciertamente, porque clarísimo está que si tú quieres ser líder, tienes que pechar a la autoridad y así la gente ve que tú tienes empuje y que representas sus intereses; es la manera como se generan liderazgos y también como, a través de liderazgos financiados, bloqueo algo que no me interesa. ¿Cuál es la respuesta de la sociedad civil organizada ante eso que es evidente? Para mí el problema es la indiferencia del 99% que espera que el Estado, o estos parlamentarios o el presidente tengan que ir al lugar a resolver el problema sabiendo que su base política de poder, de autoridad, depende de la opinión popular en las ánforas de las próximas elecciones. (…) La oferta política es populista porque tenemos una sociedad rentista en la que culturalmente el progreso está en base a quién es mi compadre, mi padrino, el que tenga acceso al Estado para sacar ventaja. Por eso los políticos ofrecen y ofrecen y ofrecen: “Cuando llegue al Estado te voy a dar”, y es por eso que los votos van a esa cultura populista, sabiendo que eso existe y que la reforma de la educación tiene que construir ciudadanos responsables de sus actos y de su prosperidad, pero eso es un trabajo de fondo que tenemos que hacer porque esa educación tiene un ciclo de 20, 40, 50 años. Pero las elecciones de aquí a dos años, o el próximo año, van a ser dentro de una cultura populista.

Ya que habla de las próximas elecciones, ¿qué le parece la propuesta de adelanto electoral en el contexto de conflictividad en el tema minero?

Pésimo, como ciudadano de a pie, porque, ¿qué es lo que lleva al presidente Vizcarra a tozudamente exigir que estos parlamentarios cesen en su mandato y adelantar y renovar con otras personas el Parlamento? ¿Es porque se han opuesto –no sé si torpemente o como muy vivos, o tal ha sido la tozudez– al juzgamiento del magistrado (Pedro) Chávarry, que claramente se ve que es una persona que tiene que rendir cuentas a la justicia? Entonces, Vizcarra dice: “Hay que cerrar”. Pero si en un memorándum cívico las instituciones exigen a los parlamentarios y al presidente que el señor Chávarry no tenga impunidad, que exista el Senado, que (los congresistas) puedan ser candidatos nuevamente en las próximas elecciones y, por otro lado, olvidarse de las amenazas de vacancia que realmente no tienen proporción y se dan sobre bases muy endebles de delito comprobado y poner sobre eso al país... son pequeñas cosas que son las grandes cosas que están poniendo el futuro del país en riesgo y generando una inestabilidad tan grande como la que tenemos ahora. (…) Todas las condiciones para dar el salto a país desarrollado… atollado porque te revoco o porque te cierro… ¿En base a eso están 33 millones de ciudadanos? No hay derecho.

Esta incertidumbre sobre el futuro político del Perú afecta la economía. El Ministerio de Economía (MEF) ya redujo su proyección de crecimiento de 3.5% a 3%, pero muchos analistas sostienen que es muy optimista. ¿Cuál sería su proyección sobre el futuro económico del Perú?

Revisa todo el plan macroeconómico multianual de mayo de 2018 a la fecha. ¿Cuántos cambios ha habido de previsión del PBI de 4.8% a 4.5%, a 3.8%, a 3.5% y ahora a 3%. ¿Te das cuenta de la incertidumbre en la que estamos que ni el MEF ni el Fondo Monetario Internacional pueden decir cuánto va a ser? Es el mejor sensor de que estamos tirando las monedas al aire a ver qué sale, ¿no?

¿Cree que nos preocupamos demasiado por cifras como el PBI o el volumen de la inversión privada?

En exceso. Cuando yo veo proyectos muy bonitos como los de la Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC), con señores que están haciendo frambuesas, arándanos, o Las Únicas, que es un grupo de señoras que se reúnen para autofinanciar a sus familias, su crecimiento es de 10%, 15% o 20% al año. Están mejorando sus condiciones de vida en sus centros poblados, ese es otro país, es otro PBI.

Pero el reto es la escala. ¿Cómo llevar este modelo que funciona en Cajamarca al resto del país?

Todo esto que es lindo es escala. Para dar ese salto necesitas un centro de gestión llamado Program Management Office, para el salto de la agricultura tradicional a la agricultura moderna, y eso implica gerencia de mercados de exportación y esa gerencia no existe y es la que hay que crear.

Claramente hay un reto de capacidad estatal. Se suele discutir mucho sobre el tamaño del Estado y si tenemos un Estado chico o grande, intervencionista o que no hace nada. ¿Cree que debemos tener un Estado más presente en términos incluso de tamaño en gasto público?

Por donde estoy yo, en Lunahuaná, tú dices “¿cuál Estado?”; en Cajabamba, “¿cuál Estado?”; en Huancané, Puno, “¿cuál Estado?”. El Estado que hoy llamamos son estos ministerios con una cantidad de funcionarios en planilla que es el 80% de gasto público. Estoy hablando del peso burocrático que tiene eso que llamamos Estado. Yo te hablo con esta palabra en inglés para que suene técnico y moderno: Program Management Office, que son las juntas de rehabilitación de cada región o de cada valle. Eso es cambio del Estado, con otras reglas de funcionamiento con las que es flexible definir metas de proyectos, hacer expedientes técnicos, contratar los servicios más calificados en el mundo, (…) con eso yo puedo aprobar o desaprobar un proyecto y con un seguimiento de la Contraloría aumentamos la eficiencia y la productividad. Eso es otro Estado, en este Estado estamos atollados.

Finalmente, Petroperú, cuya deuda es equivalente a tres veces su patrimonio, ha deslizado la posibilidad de que el fisco asuma mil millones de dólares de su deuda y como alternativa plantea que podría haber inversión privada ingresando al proyecto de Talara. ¿Qué le parece esta alternativa?

Parto de algo que me da confianza que es ‘Guayo’ (Carlos) Paredes, presidente de Petroperú. Creo que su trayectoria profesional nos da garantías de que su propuesta es muy sensata. (…) Si ya estamos al 70%, hay que terminar y hacer un complejo petroquímico con capitalización privada para darle masa crítica y escala a esta producción de refinados complementando con inversión privada, y de ahí salir con petroquímica; están ahí cerca los fosfatos que son una cosa importante. (…) Pero para dar ese salto para darle mayor complejidad tecnológica y escala de producción, se necesita esta gerencia de un complejo petroquímico en el norte y evidentemente hay que llamar a concurso de la inversión privada y estar atentos a, por lo menos, recuperar lo que Perú ha puesto en la refinería y en la inversión antigua del oleoducto, y garantizar combustible con precios competitivos.

TENGA EN CUENTA

- Carlos Amat y León Chávez es profesor emérito de la Universidad del Pacífico, donde también fue decano de la Facultad de Economía y director del Centro de Investigación.

- Fue ministro de Agricultura en dos periodos: entre noviembre de 2000 y julio de 2001, en el primer gobierno de Alberto Fujimori, y durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua.

- Ha sido consultor del Banco Mundial, BID, AID y GTZ Alemania. También del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.


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