Campaña contra revocatoria de Susana Villarán tiene un desbalance de más de S/4 millones

El Fiscal Javier López Romaní indicó en audiencia que los gastos declarados no cuadran con las cifras que recibieron medios de comunicación por anuncios publicitarios.
(Gerlado Caso Bizama)

El fiscal Javier López Romaní reveló hoy en la audiencia de impedimento de salida del país para la ex alcaldesa de Lima, , que las cifras declaradas por la campaña del 'No' a la revocatoria no coinciden con los montos que recibieron los medios de comunicación por concepto de publicidad, y que estás excederían en más de S/4 millones.

López Romaní explicó que el Ministerio Público ha recibido los reportes de ingresos de canales de televisión y que, tras contrastarlos con lo informado por el entorno de Villarán, existe dinero que no ha sido justificado.

"Se ha declarado un gasto de S/976,522; sin embargo, la Fiscalía viene corroborando que los gastos son mucho mayores, se ha verificado, de acuerdo a la información obtenida por los canales América TV, Panamericana y ATV, que estos gastos ascenderían a 4 millones 989 mil 837 soles, existiendo una diferencia de S/4'013,315 que no están justificada a la fecha", informó.

De acuerdo al propio fiscal, este desembolso sería distinto a los US$3 millones que, según el publicista brasileño Valdemir Garreta, recibió la empresa FX Comunicaciones por asesorar a la ex burgoamestre. Señaló, además, que lo reportado por la campaña del 'No' ante el Jurado Nacional de Elecciones en gastos a esta última compañía suma S/432 mil.

"La imputada Susana Villarán, en medios de comunicación, ha referido que solo se ha cancelado (a FX Comunicaciones) por dicho concepto 150 mil dólares", expresó.

La investigación fiscal precisa que las empresas OAS y Odebrecht abonaron millonarios montos a la campaña contra la revocatoria de Villarán, entre 2012 y 2013.

Según el publicista Garreta, recibió 3 millones de dólares —US$2 de Odebrecht y US$1 millón de OAS—, para asesorar a la ex funcionaria. Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht, indicó que su firma abonó US$3 millones por pedido del ex gerente municipal José Miguel Castro y de Susana Villarán. Contra ambos, finalmente, el juez Manuel Chuyo dictó la medida de impedimento de salida del país por un plazo de ocho meses.

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