En el último decreto legislativo para «reforzar» a la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional (DINI), de diciembre pasado, se hizo un cambio en un punto referido al «control por parte de la Comisión de Inteligencia del Congreso», en relación a la anterior ley del 2006.
Se trata de un término que, según las fuentes, puede resultar relevante al momento de tratar de supervisar el uso de «gastos reservados» de aquella entidad, que en este gobierno se incrementaron en 700%. Por eso se sospecha que la DINI hace espionaje político.
En el artículo 36.3.1, de la norma vigente, se indica que dicha comisión «tomará» conocimiento del Plan Anual de Inteligencia. Mientras que en la anterior ley, en el mismo punto, se señalaba que el mencionado grupo parlamentario tiene facultades para «fiscalizar» el citado plan anual.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Inteligencia, Ana Solórzano, rechazó las denuncias de reglaje a opositores al gobierno y a periodistas.
