Mientras Betssy Chávez Chino, la última premier del castillismo, reiteraba a través de una pantalla de televisión que no tiene planeado huir del país y hasta regateaba una cuantiosa rebaja al monto de su caución —pues asegura que ya no percibe lo de antes— en una sala de la Corte Suprema la fiscal Sylvia Shack insistía en su pedido de revocar la comparecencia restringida dictada en contra de Chávez Chino y que se le dicte prisión preventiva de 18 meses por su participación en el acto golpista de diciembre pasado, advirtiendo algunos elementos que podrían cambiar la decisión del Poder Judicial y que probaría las argucias utilizadas por la expremier para impedir su encierro.
La representante del Ministerio Público ha hecho notar que durante la pasada audiencia de pedido de prisión preventiva en primera instancia la hoy suspendida congresista sorprendió al juzgado al presentar información que en ese momento no pudo ser comprobada, pero que resultó ser falsa y que intentaba desvirtuar los elementos del Ministerio Público.
“(En aquella audiencia) la defensa de la investigada con el propósito de acreditar arraigos presentó 65 anexos conteniendo elementos de convicción de los que no se le corrió traslado oportunamente al representante del Ministerio Público y con los que se habría sorprendido al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, constituyendo hechos falsos e inciertos”, resaltó Schak en el inicio de su pretensión por demostrar que Chávez merece cumplir la prisión preventiva solicitada.
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PELIGRO DE FUGA
Así, la fiscal señala que la expremier había declarado ser propietaria de un inmueble en el distrito de Gregorio Albarracín, en Tacna, pero resulta que esta propiedad, ubicada en la Asociación de Vivienda Los Sauces Mz E Lote 3, ha sido vendida por Chávez, tal como se comprobó tras realizarse una búsqueda de información en los Registros Públicos.
Para Shack, la investigada no tendría arraigo domiciliario por lo que “constituye un indicio de fuga que ella misma se esté deshaciendo de su patrimonio, acreditándose que a la fecha no tendría arraigo domiciliario”.
Y es que la fiscal recordó que Chávez había acreditado como arraigo una vivienda ubicada en el centro poblado La Natividad, en Tacna, que sería de propiedad de su abuelo. La información de Registros Públicos señala, sin embargo, que no es propietaria de ningún inmueble.
SIN ARRAIGO LABORAL
La fiscal también desbarató el arraigo laboral que intentó acreditar la expremier, al señalar que el contrato que la investigada presentó fue rescindido un mes después de haberse elaborado. Ello se pudo comprobar tras la versión del administrador del centro de salud Inmaculada y en el acta fiscal y policial de constatación.
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También se refutó la versión de Chávez sobre su supuesto contrato de trabajo firmado con la empresa Logimart Perú en Tacna. En el domicilio señalado se encuentra una estación de grifo, según constató la Fiscalía durante una visita realizada hace unas semanas.
Tampoco parece ser cierto que los padres de Chávez dependan económicamente de ella, tal como señaló la extitular de la PCM, pues se constató que reciben una pensión como jubilados y tienen ingresos independientes.
Sin arraigo laboral ni domiciliario, para la Fiscalía existe la probabilidad de que Chávez pueda sustraerse de la acción de la justicia, por lo que espera que el Poder Judicial revoque el fallo en primera instancia y aplique la prisión preventiva para la investigada.
Esta misma variación la solicitó para los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, también con comparecencia restringida, inmersos junto a Chávez en esta investigación como presuntos coautores del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración. El Ministerio Público ha advertido en ambos casos, también, que los exfuncionarios no acreditaron adecuadamente arraigo laboral ni domiciliario.
Durante la audiencia, Chávez ratificó su pedido para que se le reduzca el monto por caución —establecido en 100 mil soles— a 10 mil soles.
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