La defensa del congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) ante la grave acusación de haber recibido una coima para remodelar su vivienda, a cambio de garantizar la continuidad de una obra en Chiclayo, fue inútil. Ayer se presentaron dos denuncias constitucionales en su contra.
El Frente Amplio (FA) y Nuevo Perú (NP) fueron las bancadas autoras de las acusaciones. La primera le atribuye a Becerril los delitos de extorsión, concusión, colusión simple y agravada, patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
NP lo acusa de organización criminal, colusión agravada, patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
Pero ahí no termina la cosa. Cambio 21, el grupo liderado por Kenji Fujimori, también evalúa presentar una denuncia contra su ex colega, pero aún está recabando pruebas.
Para el vocero de la Bancada Liberal, Gino Costa, es necesario que se hagan las investigaciones, pero resaltó que se debe levantar la inmunidad al legislador de Fuerza Popular.
“Nosotros no hemos pensado aún en presentar una acusación, y preferiría esperar la denuncia de la Fiscalía, para no hacer algo incompleto por el apuro”, indicó a Perú21.
En tanto, Becerril parecía dar un manotazo de ahogado. Si el lunes le echó la culpa a su hermano, ayer habló de un acuerdo “tranzado” entre la empresaria que lo acusó, Mirtha González, y el fiscal Juan Carrasco. El fiscal es quien solicitará levantar la inmunidad del fujimorista por supuestos vínculos con Los Temerarios del Crimen.