Bancadas apoyan interpelación a ministro de Educación Jaime Saavedra

En la cuerda floja. El ministro de Educación, Jaime Saavedra, no podría evitar la interpelación en el Congreso de la República. La aparente compra irregular de computadoras por más de S/146 millones durante su gestión, entre los años 2015 y 2016, ha motivado que legisladores de distintas bancadas coincidan en la necesidad de esta medida.

Fuerza Popular tomó la iniciativa. Su vocero, Luis Galarreta, criticó a Saavedra por no renunciar al cargo mucho antes de conocerse la denuncia de Panorama, cuando se destaparon los presuntos malos manejos para organizar los Panamericanos de Lima 2019 y dentro del Comité Olímpico Peruano (COP).

"Lo que corresponde al ministro, primero, por el bien de la educación, es que dé un paso al costado hasta que todo esté aclarado, pero como esa palabra no la conoce, lo que corresponde es que se le interpele", declaró a la prensa desde el Parlamento.

Galarreta dijo que la denuncia periodística que revela la adquisición de computadoras a través de testaferros de una funcionaria del Ministerio de Educación (Minedu) es "bastante seria" e involucra a un ministro que ya tiene bastantes temas que explicar.

"Por lo menos escuché varias voces individuales en la bancada que consideran que esa posición (la interpelación) es la que se debería tener, pero nosotros somos muy formales e institucionales y la bancada debe tomar una decisión", añadió Galarreta.

Cabe recordar que el programa televisivo Panorama reveló una presunta red de corrupción al interior del Minedu, que habría empezado a actuar desde el año 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala.

En este caso se sindica a la ex responsable de compras del Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos del sector, Ruth Vilca Tasayco, quien bajo la modalidad de convenio marco permitió que el Estado contrate con empresas vinculadas a un ex subordinado suyo, Frank Muro Tananta.

Luego de que se realizaban las millonarias compras a las compañías, desde estas se hacían transferencias de altos montos de dinero hacia las cuentas bancarias de familiares de Muro Tananta (su hermanastra y padrastro). En este caso también está implicado Carlos Horna, esposo de Ruth Vilca, quien presentó ayer su renuncia al ministro.

La Fiscalía de Lavado de Activos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya están tras los pasos de los involucrados.

Perú21 intentó comunicarse con Jaime Saavedra, pero prensa del Minedu indicó que este no iba a pronunciarse más. Por la mañana de ayer, el funcionario declaró en RPP que desde su despacho no se habían detectado irregularidades. "Las adquisiciones se hicieron de manera adecuada", acotó.

Desde otras bancadas respaldaron la propuesta para interpelar al ministro.La vocera de Alianza para el Progreso, Marisol Espinoza, argumentó que debe recurrirse a este recurso "porque se ha jugado con las expectativas de los educadores y dinero del Estado".

Por su parte, el legislador de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde indicó a este diario que "por la gravedad" de la denuncia Saavedra debe responder ante el Pleno.

El ministro de Educación, Jaime Saavedra, ordenó a la procuraduría de su sector investigar los presuntos actos de corrupción destapados al interior del ministerio, a fin de determinar si hubo algún perjuicio en contra del Estado en la adquisición de computadoras por más de 146 millones de soles.

A través de un comunicado, el Minedu aclaró que el convenio marco, modalidad bajo la que se hicieron las compras y que no necesita convocar a licitación pública, está regulado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Detalló que la institución eligió a las empresas que figuraban en el catálogo electrónico de empresas que aprueba el OSCE.

"Las computadoras adquiridas mediante convenio marco durante el periodo 2015-2016 fueron entregadas y distribuidas a más de 500 escuelas públicas, encontrándose en pleno funcionamiento", precisó el ministerio.

Añadió que Saavedra pidió también a la Contraloría General de la República que intervenga para indagar las operaciones en cuestión. "Se brindarán todas las facilidades para que continúen las indagaciones", informó.

"Es lamentable que en los últimos cinco años se hayan relajado los controles del OSCE, de tal manera que la entidad no puede supervisar este tipo de acciones. En este caso se recurrió a una figura legal para evitar la fiscalización de las compras. El OSCE es el encargado de calificar a las empresas que pueden participar del convenio marco y lo que se evidencia aquí es que ha habido un gran error en la evaluación, porque ni siquiera se detectó si estas compañías tenían la experiencia necesaria para contratar con el Estado. Este tipo de actos se cometen porque no hay sanciones drásticas. En normas de contrataciones públicas no hay ley que inhabilite a estas empresas pese a este escándalo, mañana mismo pueden ganar una licitación y firmar un contrato como si nada. Se debe iniciar un proceso penal para castigar estos actos de corrupción. Por como se presenta el caso de testaferros, ello podría configurar el delito de colusión o de negociación incompatible."