Mueve sus fichas. El último viernes, Rojas fue liberado por la Fiscalía; no obstante, enfrentará su juicio en libertad, pero con restricciones. (Violeta Ayasta)
Mueve sus fichas. El último viernes, Rojas fue liberado por la Fiscalía; no obstante, enfrentará su juicio en libertad, pero con restricciones. (Violeta Ayasta)

Tensión. El presidente de la comunidad de Fuerabamba, , no descartó la posibilidad de reiniciar las protestas en si no se archivan las denuncias contra los pobladores de la provincia de Cotabambas.

El dirigente remarcó que este punto será abordado en la próxima reunión que sostendrán con el Gobierno el próximo miércoles 24 de abril. Pidió, en ese sentido, la presencia de todos los “ministerios competentes” y de representantes del .

“El premier se comprometió a dar soluciones. (…) El primer punto de los nueve es el archivamiento de los denunciados penales de la provincia de Cotabambas, sobre todo de la comunidad de Fuerabamba. Hasta hoy no tenemos ninguna solución, ni del Estado ni de la empresa”, dijo en diálogo con RPP.

Rojas señaló que, si bien comprende que no depende del Poder Ejecutivo las acciones que pueda tomar el Poder Judicial, reiteró que traslada la demanda de su comunidad para que las autoridades respectivas atiendan la situación, antes de evaluar retomar medidas, como el bloqueo de carreteras.

“Nosotros hemos solicitado que para el día 24 tienen que estar los señores del Poder Judicial y la OCMA (Oficina de Control de la Magistratura) para que nos den una solución y nos expliquen de qué manera van a archivar (las denuncias) de los 500 comuneros. No somos terroristas", insistió.

Las vías del corredor minero de permanecen desbloqueadas desde el 13 de abril, después de que el Gobierno y representantes de Fuerabamba acordaran la atención de una serie de demandas y la instalación de mesas de diálogo permanentes.

En la reunión del último miércoles, representantes del Ejecutivo dialogaron con las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Pumamarca y Antuyo. Unos de los puntos establecidos fue la instalación de la Mesa de Justicia y Derechos Humanos para revisar las denuncias penales contra comuneros involucrados en protestas.

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