Las Bambas: Defensoría del Pueblo considera que detención del dirigente de Fuerabamba no está motivada

En el marco del conflicto de Las Bambas, el defensor Walter Gutiérrez consideró que la detención del presidente de Fuerabamba no está justificada, no obstante, no se pronunció sobre los abogados Frank y Jorge Chávez Sotelo, quienes también permanecen tras las rejas, señalados por presuntamente extorsionar a la minera MMG.

“De la lectura de la resolución judicial, el dirigente comunero, Gregorio Rojas, se encuentra privado de libertad en mérito a una orden de detención preliminar que no se encuentra debidamente motivada” sostuvo Gutiérrez y también solicitó que la Sala resuelva en el más breve plazo la situación de los detenidos.

El titular de la Defensoría del Pueblo puntualizó que las medidas restrictivas del derecho a la libertad personal deben encontrarse exhaustivamente motivadas y cumplir con los señalamientos legales y jurisprudenciales vigentes. Además, señaló que ello no debe impedir en modo alguno que las investigaciones prosigan, ni que puedan tomarse otras medidas legales si fueran necesarias. 

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Por otro lado, Gutiérrez también criticó la postura de los comuneros y fue enfático en señalar que no se puede reclamar derechos vulnerando derechos. “En el momento que la protesta se convierte en un acto violento deja de ser un acto legal para convertirse en ilegal” anotó, instando a la comunidad campesina de Fuerabamba y otras, a dejar de lado medidas de fuerza y actos de violencia, como el recientemente acaecido con el apedreamiento al helicóptero en el que viajaba a la localidad la comitiva ministerial. 

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El Defensor afirmó que el único camino de solución es el diálogo, con representantes debidamente legitimados y una agenda realista que pueda ser abordada con amplitud, flexibilidad y dentro del marco de la ley. En ese sentido, demandó que las partes redoblen esfuerzos para encontrar puntos de convergencia. Pidió al Ejecutivo no prorrogar la declaratoria de emergencia en la zona, porque contraviene lo prescrito en la Constitución. 

“La empresa (MMG) no ha mostrado una vocación para relacionarse adecuadamente con el nuevo entorno social que generó el establecimiento de una carretera para trasladar los minerales. Y tampoco ha mostrado diligencia para remediar las consecuencias de un cambio significativo al proyecto original, sin contar con la debida gestión social con las diversas comunidades que resultarían impactadas”, criticó.  

En cuanto a la acción del Estado, Walter Gutiérrez, dijo que ha descuidado su rol regulatorio debido a la flexibilización de los mecanismos de evaluación de los proyectos de inversión. El Defensor del Pueblo, cuestionó también que el Estado tampoco haya sido diligente para afrontar los impactos del establecimiento de un corredor minero en lugar de un mineroducto. Asimismo, observó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene pendiente el reconocimiento de los derechos de propiedad necesarios para sanear una vía que pasa por tierras comunales.