Embarrados: La historia de siempre

Nada parece haber cambiado con la elección de nuevas autoridades en el país. En 2019 la sombra de la corrupción siguió salpicando a flamantes gobernadores regionales y alcaldes, y alcanzando también a decenas de quienes acababan de dejar sus cargos. Hay quienes como Vladimir Cerrón llegaron al poder sabiendo que la justicia le pisaba los talones. En agosto, el recién elegido gobernador regional de Junín fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo por irregularidades en su primera gestión (2011-2014). Se escondió de la justicia por unos meses hasta que logró ser capturado y encarcelado. Dos meses después abandonó el penal de Huamancaca Chico, luego de que se le concediera un recurso de apelación con efecto suspensivo.

Otra autoridad en ejercicio que ingresó a prisión fue el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, quien, también en agosto, fue condenado a seis años de prisión efectiva por el delito contra la tranquilidad pública por el caso ‘aimarazo’, ocurrido en 2011. Fue detenido 11 días después de su sentencia –en calidad de prófugo– en un hotel de Lima y hoy cumple prisión en el penal de Yanamayo.

Willy Serrato también llegó salpicado de corrupción al poder. Ganó la alcaldía distrital de Olmos, en Lambayeque, pese a tener una sentencia de cuatro años de prisión por ser el presunto cabecilla de la organización criminal Los Faraones de Olmos, que habría robado más de un millón y medio de soles a la comuna. En junio, con solo medio año en el cargo –al que accedía por tercera vez–, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo suspendió de sus funciones por esta sentencia y, meses después, ingresó al penal de Chiclayo, donde cumple prisión preventiva de 24 meses. Fue reemplazado en el cargo por su hombre de confianza, Adrián Arroyo Soplopuco, quien ahí mismo, en octubre, recibió una orden de prisión preventiva de 24 meses por este mismo caso y hoy es buscado por la justicia. Serrato es colaborador eficaz en la investigación contra la mafia Los Temerarios del Crimen.

La prisión parece esperar también al actual alcalde de Arequipa, Omar Candia, sentenciado a seis años por colusión durante su gestión como burgomaestre de Alto Selva Alegre. Fue procesado por haber realizado una compra irregular de 40 cámaras de seguridad para su comuna. La sentencia será efectiva cuando sea consentida.

Pero hay más. El JNE suspendió por un año al alcalde provincial del Cusco, Víctor Boluarte Medina, tras ser condenado en doble instancia por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Boluarte se habría apropiado de dinero del Colegio de Abogados cuando era decano de esa institución entre 2008 y 2009.

En 2019 también fueron capturados dos exgobernadores regionales. Félix Moreno, otrora todopoderoso del Callao, cayó diez meses después de ser condenado por colusión, mientras que Ricardo Flores Dioses, de Tumbes, fue detenido acusado de integrar La Banda del Chino, mafia que pedía coimas a empresarios para direccionar obras. Otro exgobernador de esa región, Gerardo Viñas, fue condenado a 11 años de prisión por lavado de activos.

Y cómo olvidar a Carlos Burgos, el prófugo exalcalde de San Juan de Lurigancho, buscado dos años por la Policía tras ser condenado a 16 años de prisión por enriquecimiento ilícito proveniente del lavado de activos, y que cayó en un hostal de Los Olivos.

Y así varios más. El año que se fue muchos de los que debieron ser un modelo predicaron, precisamente, con el mal ejemplo.