Pasó casi dos años presentando innumerables recursos para revocar su encierro. El Poder Judicial desestimó todos. Recluido en la cárcel de manera preventiva por quebrar el orden constitucional y atentar contra la libertad y la democracia en diciembre de 2022, a Pedro Castillo Terrones parece haberle llegado la hora de pagar ante la justicia su fallido golpe de Estado, que significó el fin de su gobierno y que lo llevó a ser vacado, detenido y apresado.
La Corte Suprema ha autorizado el inicio del juicio oral contra el expresidente por el golpe de Estado. El juez Juan Carlos Checkley dispuso que todo lo actuado sea remitido a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que debe programar en los próximos días la fecha del inicio de este juicio contra el exmandatario. En octubre pasado Checkley dio por concluido el control de acusación contra Castillo y otros siete implicados.
Para el Gobierno, hermano de la presidenta de la República está en un “proceso politizado”.
En la resolución están comprendidos Betssy Chávez, quien era la premier del régimen al momento del golpe —hoy con prisión preventiva como su exjefe—; así como los exministros Roberto Sánchez, de Comercio Exterior y Turismo; y Willy Huerta, del Interior; y quien era el principal asesor de Castillo en la última parte de su gestión, Aníbal Torres.
También afrontarán juicio oral el exjefe de la Región Policial Lima Manuel Lozada y los oficiales de la Policía Justo Venero y Eder Infanzón. El primero señalado de ordenar que nadie entre ni salga del Congreso a estos dos agentes, quienes resguardaban el Legislativo en el momento que Castillo leía su mensaje golpista y anunciaba la disolución del Parlamento.
Todos, incluido Castillo Terrones, son acusados por el delito de rebelión. El encarcelado expresidente, además es imputado por abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
Según la Fiscalía, Castillo con su pretendido golpe de Estado buscó cerrar el Congreso ilegalmente y reorganizar el sistema de justicia, luego de que un exfuncionario señalara ante el Congreso que el entonces mandatario recibió dinero de actos de corrupción.
En el documento firmado por Checkley se señala que serán citados en calidad de testigos los exministros Félix Chero, Alejandro Salas, Emilio Bobbio y César Landa, así como el exabogado de Castillo, Benji Espinoza.
Ministro de Energía enviará en las próximas horas la nueva ley, que deja abierta la posibilidad de ampliar el Reinfo.
GOLPEÓ LA DEMOCRACIA
El miércoles 7 de diciembre de 2022, la Policía detuvo en flagrancia a Castillo Terrones, cuando se trasladaba en automóvil, en una calle del centro de Lima rumbo a la embajada de México donde pretendía asilarse.
Minutos antes, y justo cuando el Pleno del Congreso iba a decidir su vacancia por incapacidad moral permanente, el exmandatario había ofrecido un mensaje a la Nación desde Palacio de Gobierno, en el que anunció la disolución del Legislativo y convocaba a nuevas elecciones parlamentarias en su intento por aprobar una nueva Constitución en un plazo de nueve meses y librarse de los casos de corrupción que le acechaban. Durante su discurso golpista anunció que, a partir de ese día, y sin Congreso que lo fiscalice, gobernaría mediante decreto ley. Terminada la transmisión televisiva Aníbal Torres y Betssy Chávez abrazaron a Castillo, según declaró a la Fiscalía la periodista Cyntya Malpartida Guarniz, presente ese día en Palacio.
Proyecto legislativo impide reelección de jefe de la ONPE y del Reniec.
Para la Fiscalía, Torres ayudó a Castillo en la redacción e ideas del mensaje golpista y Chávez participó en la coordinación y ejecución de las medidas antidemocráticas.
Tras su discurso, la mayoría de sus ministros presentó su renuncia al cargo, mientras el Congreso aprobaba por amplia mayoría, y con muchos votos de Perú Libre, su vacancia, destituyéndolo y quitándole la inmunidad para que pueda ser procesado de inmediato por la justicia.
Durante la etapa de control de acusación, Castillo negó haber cometido el delito de rebelión, sosteniendo que nunca se levantó en armas. En su resolución el juez Checkley, sin embargo, explicó no es indispensable para configurar este delito que cada uno de los coautores porte armas o haya ejercido la violencia, “pues el hecho se pudo perpetrar desde otro espacio, lugar o modalidad, bastando que su aporte sea esencial para la configuración del tipo penal, dentro de un mismo contexto criminal”.
La Procuraduría General del Estado ha solicitado que Castillo y los otros seis implicados en este proceso paguen de manera solidaria al Estado una reparación civil 65’419,038 soles por este caso.
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