Publican ley que declara en emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura

Esta semana, el pleno del Congreso aprobó la declaratoria de emergencia del CNM tras la remoción de todos sus miembros.
El CNM es una de las instituciones más afectadas por la difusión de audios que involucraron también a jueces y empresarios. (USI)

El (CNM) entra oficialmente en estado de emergencia con la publicación de la norma aprobada el lunes 23 de julio en el Congreso de la República por amplia mayoría.

La ley, que recibió el respaldo de 107 votos en el Parlamento (2 en contra y 3 abstenciones) fue publicada hoy en el diario oficial El Peruano con las firmas del presidente de la República, Martín Vizcarra, y del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.

El texto aprobado declara en emergencia al CNM y suspende la aplicación de su ley orgánica por un plazo de 90 días, mientras lleva a cabo un proceso de "reevaluación, reestructuración de su composición, objeto, funciones y estructura orgánica".

El pleno del Congreso admitió esta iniciativa multipartidaria luego que, el viernes 20 de julio, decidiera remover de su cargo por causa grave a los siete titulares del CNM: Iván Noguera, Guido Aguila, Maritza Aragón, Hebert Marcelo Cubas, Baltazar Morales, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez, quien se desempeñaba como presidente de este consejo.

Mientras dure la situación de emergencia, no se realizarán ratificaciones ni nombramientos de jueces ni fiscales, mientras que los funcionarios de confianza serán retirados de su cargo y los trabajadores CAS ya no tendrán sus contratos renovados.

La gestión administrativa y la representación del CNM quedará a cargo del funcionario titular más antiguo, el cual también podrá ser retirado del cargo si es que la Contraloría General de la República detecta irregularidades en su proceder.

El CNM fue una de las instituciones más afectadas por el escándalo de los audios luego que varios de sus consejeros titulares se vieran involucrados en la difusión de las grabaciones que revelaban actos de corrupción con jueces y empresarios en el proceso de nombramiento y ratificación de magistrados.

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