Graña y Montero, una de las empresas que se consorció con Odebrecht para ejecutar los tramos II y III de la Interoceánica Sur, informó que el juez Richard Concepción Carhuancho evaluará el 16 de febrero el pedido de la Fiscalía para incorporar a esta y otras socias en la investigación por el presunto pago de US$20 millones en sobornos al ex presidente Alejandro Toledo.
Como se sabe, las otras firmas que están implicadas en este caso son JJ Camet Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.
En su comunicado, GyM señala que está a "disposición para colaborar con las investigaciones que viene siguiendo el Ministerio Público".
"La compañía ejercerá su derecho de defensa y rechaza tajantemente que esa figura aplique para Graña y Montero o GyM S.A, ya que estas empresas no son organizaciones diseñadas para corromper funcionarios, sino todo lo contrario, somos una organización en la que no caben prácticas irregulares ni fraude alguno", se lee en la misiva.
La constructora insistió en que "no tiene conocimiento de que algún ejecutivo o ex ejecutivo haya participado en actos de corrupción". Sin embargo, aclara que si se revela lo contrario "no se dudará en tomar las acciones correspondientes".
Los ex directivos de Graña y Montero, José Alejandro Graña y Hernando Graña Acuña se encuentran detenidos de manera preventiva por 18 meses. Los empresarios Fernado Camet (JJ Camet), José Castillo Dibós (ICCGSA) y Gonzalo Ferraro Rey (Graña y Montero), sobre los que también cayó esa orden, recuperaron su libertad por disposición de la Primera Sala de Apelaciones Nacional.
De acuerdo a la Fiscalía, las socias de Odebrecht participaron de la construcción de la obra sabiendo del pago ilícito que habría reclamado Toledo.