La audiencia de control de acusación del caso gasoducto I, que está a cargo del fiscal Reynaldo Abia, y en el que se acusa de colusión agravada al ex funcionario de Provinversión Edgar Ramírez Cadenillas y a la ex representante de Odebrecht, Claudia Hokama, se reanudará el próximo 3 de julio.
La jueza Ingrid Morales programó la diligencia para esa fecha, luego de haber rechazado, a inicios de mayo, el recurso de nulidad interpuesto por Ramírez Cadenillas, quien pretendía que la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato no participe del proceso. Alegaba que no tenía competencia para ser incorporada como actor civil.
De esta manera, la magistrada Morales decidirá si los elementos de prueba presentados por el fiscal Abia son suficientes para que la investigación pase a juicio oral.
Según la acusación fiscal, Ramírez y Hokama se coludieron para favorecer, durante el gobierno de Ollanta Humala, a la empresa Odebrecht con la licitación del millonario proyecto Gasoducto del Sur, que hoy se encuentra paralizado. Proinversión "descalificó irregularmente", señala la Fiscalía, al consorcio con el que competía Odebrecht.
Esta maniobra generó, según la investigación, un perjuicio de US$136 millones para el Estado. Ese monto es la diferencia entre la propuesta económica que entregó el consorcio integrado por la compañía brasileña (US$7,328 millones) y la de su competencia (US$7,192 millones).
El ex funcionario de Proinversión "faltó al principio de neutralidad al haberse concertado con Claudia Hokama" para beneficiar a la firma con la concesión, que fue otorgada en junio de 2014, señala la denuncia del Ministerio Público.
Ambos procesados, no obstante, rechazan las imputaciones de la Fiscalía.