El atentado con dinamita a la Fiscalía de Trujillo, ocurrido el último lunes, ha ocasionado que el Legislativo reaccione. La Comisión de Justicia verá este jueves, en una mesa de trabajo, la observación de ley de la detención preliminar que ha realizado el Ejecutivo.
El ministro del Interior precisó que los detenidos son dos personas que condujeron los vehículos y transportaron la dinamita.
El lunes 13, el premier Gustavo Adrianzén señaló que el Gobierno observó la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia.
Eso lo dijo el premier a 72 horas de que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, señalara el viernes último que su cartera había encontrado contradicciones en el marco jurídico y que había observado la referida ley.
"Hay una serie de observaciones que tiene que ver con lo dispuesto por la norma. Pero, la observación se va a hacer pública", señaló esta tarde Adrianzén a la prensa.
El ministro Santiváñez explicó, aquella vez, que “el Código Penal establece que las conductas criminales sujetas a una privación de la libertad, son aquellas cuyas condenas son mayor a cinco años; sin embargo, la norma —tal como está redactada— dice que la detención preliminar solo se puede aplicar a delitos que tienen penas de cuatro años y eso es contradictorio. Bajo ese presupuesto la norma tendría que ser perfectible (por el Congreso)”.
VALDÉS: DEJAR LA LEY TAL COMO ESTÁ
EL exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, dijo a Perú21 que al no haber detención preliminar en estos momentos no pueden ser encarcelados los sicarios, violadores, extorsionadores ni autores de cualquier delito.
Advirtió, por ejemplo, que los reciente detenidos por el atentado de Trujillo podría ser liberados al no estar vigente la ley de detención preliminar.
"Ya no hay preliminar en cualquier delito post 48 horas. Ni para sicarios ni para violadores o extorsionadores. Hoy por hoy ningún delito post 48 horas puede ser detenido preliminarmente", señaló Valdés.
El exviceministro del Interior y director de CHS Alternativo indicó que "en medio de la crisis de inseguridad ciudadana y el aumento de la criminalización en el país, donde, según el Sinadef, durante los primeros días de enero fueron asesinadas 13 personas por día, el Ejecutivo ha observado el proyecto de ley sobre detención preliminar en casos de no flagrancia, proponiendo un aumento de la pena mínima de 4 a 8 años, lo que excluye al 65% de los delitos que calificaban para la detención preliminar, entre ellos los delitos relacionados a corrupción, explotación sexual, pornografía infantil, tráfico de órganos y trabajo forzoso".
Debido a ello, Valdés propone que la ley quede tal como está en el que la pena mínima sea de 4 años para la detención preliminar.
"En medio de la crisis de inseguridad ciudadana y el aumento de la criminalización en el país, donde, según el Sinadef, durante los primeros días de enero fueron asesinadas 13 personas por día, el Ejecutivo ha observado el proyecto de ley sobre detención preliminar en casos de no flagrancia, proponiendo un aumento de la pena mínima de 4 a 8 años, lo que excluye al 65% de los delitos que calificaban para la detención preliminar, entre ellos los delitos relacionados a corrupción, explotación sexual, pornografía infantil, tráfico de órganos y trabajo forzoso", señaló.
En medio de la crisis de inseguridad ciudadana y el aumento de la criminalización en el país, donde, según el Sinadef, durante los primeros días de enero fueron asesinadas 13 personas por día, el Ejecutivo ha observado el proyecto de ley sobre detención preliminar en casos de no flagrancia, proponiendo un aumento de la pena mínima de 4 a 8 años, lo que excluye al 65% de los delitos que calificaban para la detención preliminar, entre ellos los delitos relacionados a corrupción, explotación sexual, pornografía infantil, tráfico de órganos y trabajo forzoso.
Según la observación del Ejecutivo —aseguró Valdés—, además de los delitos contra la dignidad humana, quedaría fuera del alcance de la detención preliminar otros delitos, como homicidio simple, lesiones graves, lesiones por violencia contra la mujer, violación sexual mediante engaño, acoso sexual a menores, favorecimiento a la prostitución, rufianismo, proxenetismo, tráfico ilícito de migrantes y formas agravadas de usurpación.
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