El Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley para la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Se plantea que esta nueva oficina esté al mando de un director ejecutivo con rango ministerial y con asiento en el Consejo de Ministros.
Desde la izquierda se han expresado críticas a su conformación. Mendoza ha manifestado que se está instituyendo un "zar" con manejo discrecional. Se critica que no exista participación de los gobiernos descentralizados, de la sociedad civil o de los damnificados.
Estas críticas son válidas. La experiencia muestra que mandatos muy amplios se pueden usar de manera arbitraria y que estas gestiones tienden, en el mejor de los casos, a la poca transparencia o, en el peor, a la corrupción. Un aforismo recuerda que el poder absoluto corrompe absolutamente.
Sin embargo, pretender que un ente ejecutivo sea un foro deliberativo tiene otros riesgos. Las decisiones de esta autoridad requieren celeridad y eficiencia. Esto no significa que las decisiones sean tomadas unilateralmente, pero cuando se tienen demasiadas voces, estas pueden ser más costosas y menos beneficiosas. Habría que recordar que muchas manos en un plato causan arrebato.
Es difícil encontrar un punto medio, es decir, un diseño administrativo que sea ejecutivo y a la vez que cuente con controles y que tome en cuenta la diversidad de intereses.
La magnitud de la tragedia en el norte amerita que esta autoridad pueda tomar acciones rápidas. La magnitud de los escándalos de corrupción en el caso Lava Jato demanda que se prevenga el robo de fondos públicos. No debemos replicar la experiencia de Forsur, que avanzó poco en la reconstrucción y terminó con más de cien funcionarios denunciados por irregularidades.