¿Qué le parece el detalle de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC)?
El detalle de la sentencia del TC me parece sumamente importante. Al margen de que me favorece, porque reconoce mi derecho, creo que son más importantes los principios generales que defiende. La tutela del secreto profesional y la tutela de la objetividad, que es una manifestación de la imparcialidad que debe tener. La sentencia declara derechos que ya han sido desbordados por investigaciones arbitrarias. Les interesa y les conviene a todos los ciudadanos. Creo que es una sentencia muy justa, pero es exhortativa, para que las instituciones el Estado protejan, lo cual no quiere decir que los abogados, periodistas o médicos tengamos inmunidad. Cualquiera de estos profesionales que desborda los límites de su rol puede ser investigado y sancionado; también le pueden hacer allanamientos. Pero deben realizarse dentro de los márgenes de la ley, de la razón y de la proporcionalidad. A veces se hacen allanamientos después de cinco años. Si hiciéramos un repaso de los allanamientos más célebres que se han hecho, no se ha sacado nada. ¿Y cuánto le cuesta al país aquello? Los niveles de racionalidad que deben tener los procesos deben ser, al mismo tiempo, protectores de los derechos fundamentales pero también protectores del interés que tenemos los ciudadanos de vivir en paz y tranquilidad social. Eso es lo que se ha realmente desmoronado.
Parece evidente que había un conflicto en que el fiscal investigue siendo parte del tema.
Es natural. Esto no se ha explicado bien. El respetable magistrado doctor Monteagudo, que tiene su voto discordante, dice ‘no es verdad que un fiscal que en la investigación que hace tiene conocimiento de otra posibilidad del delito no puede investigar’. Claro que lo puede hacer. Si hay un fiscal que está investigando un delito y en su investigación aparece la posibilidad de otro delito, naturalmente lo puede investigar. Pero este caso es diferente. Dicen que testigos han ido ante su despacho, ante su persona, a mentir por coacción del abogado. Paréntesis: ninguno de los testigos me ha conocido y así lo han declarado. Es imposible que haya coaccionado testigos que no conozco. Pero, al margen de eso, cuando el señor fiscal o el juez es sujeto material de la acción que quiere investigar, no puede ser que el investigador sea al mismo tiempo la persona ante la cual se haya desarrollado la actividad supuestamente delictiva. Entonces, naturalmente hay un conflicto de objetividad. Me hicieron el allanamiento el 20 de noviembre de 2018. El 11 de diciembre me formalizaron sin ninguna investigación, a pesar de que habían revisado mi estudio y mi contabilidad durante 20 horas, no habiendo encontrado absolutamente nada. Por eso, observé oportunamente el conflicto de objetividad, recurrí al señor fiscal superior, el doctor Rafael Vela, y de acuerdo al Artículo 62 del Código Procesal Penal le dije que el señor fiscal... No dije que no me podía investigar, sino que sea un fiscal objetivo. El señor fiscal Rafael Vela dijo que eso no era un argumento, que yo no había demostrado los actos arbitrarios. ¿Cómo voy a demostrar los actos arbitrarios si estamos en el origen de la investigación? Después los actos arbitrarios se han producido N veces. Entonces el señor fiscal no tenía la competencia para investigar.
Y luego, a misma razón, mismo derecho.
Naturalmente. Por eso el juzgado colegiado ha excluido del juicio no solo a mi persona, sino a todas las personas que el fiscal incorporó como que habían cometido obstrucción a la justicia. En las últimas décadas, el proceso penal en el Perú está siendo manejado como una herramienta de enfrentamiento entre sectores de poder político, económico y social. El proceso se ha desbordado de lo que debe ser la búsqueda de la verdad. Ahora es un instrumento de confrontación de intereses que tratan de dominar las instituciones y los medios. Hemos desnaturalizado la labor del Ministerio Público. Me consta porque estuve el día que empezó a operar el Ministerio Público, después de la Constitución del 79. El 12 de mayo de 1981 se inauguró el Ministerio Público. Y el primer fiscal fue el doctor Gonzalo Ortiz de Zevallos, quien me hizo el honor de encargarme la investigación más importante, ahora sería emblemática, no obstante que era fiscal suplente. Fue una investigación por la venta del Instituto Sanitas. Y un centro penitenciario construido en Puno donde un exministro del gobierno militar estaba comprometido. Y luego tuve el honor de ser su asesor penal externo. Fui su fiscal provincial. Nunca presionaba a sus fiscales. Nunca me dijo ‘resuelva en este sentido’. Estas cosas no habrían pasado en tiempos del doctor Ortiz de Zevallos. Se ha venido deteriorando con el tiempo.
Mira: Caso Cocteles: Excluyen a Keiko Fujimori de juicio oral por obstrucción a la justicia
¿Qué pasará con el caso Cocteles?
El 23 de enero de este año presenté un escrito que sostiene que este juicio es inviable porque carece de elementos fundamentales, y los enumeré. El órgano colegiado no quiso revisar bajo un argumento: si esto ha sido revisado y resuelto por el juez de control, nosotros no tenemos la potestad de revisar, lo cual me parece respetuosamente ilógico. Si va a construir un edificio y le entregan los planos, pero es inviable porque no hay un estudio de suelos y hay fallas estructurales, entonces no se puede construir. Si se excluyen los delitos de obstrucción a la justicia, entonces se tiene que variar la pena y las pruebas. Tiene que haber otros elementos de convicción. ¿Cómo vamos a seguir construyendo si estamos diciendo ya no son 20 pisos, sino 18? Cuando se cae un proceso, no es gratis. Le cuesta al Estado muchísima plata. En 2017, el Dr. José Luis Lecaros, presidente de la Corte Suprema, hizo un informe de cuánto le costaban las audiencias al país. Eran S/704 por hora. Si el proceso durara 10 años como se dice, gastaríamos S/2’931,708. Y no es el costo total, porque no incluye a los sujetos procesales.
Queda el delito de lavado de activos. Difícil de probar.
Distinguidos colegas han dicho que no está probado el origen ilícito del dinero. El lavado consiste en que yo blanqueo el dinero y se lo devuelvo. Pero si es un aporte de campaña, hasta agosto de 2019 no era delito. Quedaría criminalidad organizada, que ahora tiene mayores estándares. Y el delito de falsedad genérica, que podría estar prescrito. Los jueces deben resolver sin pensar en qué dirán los medios ni el control interno. Un juez debe ser valiente aunque el mundo se venga abajo.
¿El caso de obstrucción a la justicia afecta el caso de organización criminal?
Afecta. Se tendrían que reformular los hechos, disminuir la pena, individualizar las pruebas. Sí afecta. Como exacusado, les diría que vean bien si vale la pena seguir adelante con el caso Cocteles. La política bien entendida debe ser para construir.
¿Por qué José Domingo Pérez mencionó a Alberto Fujimori?
No debería. En el proceso se prueba y actúa lo pertinente y conducente. Lo que no tiene relación directa con el proceso no tiene sentido. Quizás quiso ganar contundencia.
“El proceso se ha desfigurado”
A nivel personal, ¿cómo ve a su expatrocinada Keiko Fujimori y a su exalumna Giuliana Loza?
Les tengo un gran respeto y aprecio. Keiko es sumamente valiente después de tres prisiones abusivas y arbitrarias que el TC dijo que no se ajustaban a ley. No soy fujimorista.
¿Cómo despolitizar a los fiscales?
Una palabra bien sencilla: cumplir con la ley. La ley de carrera judicial es exigente cuando establece el perfil de un juez, un fiscal y un abogado. También fallan los órganos de control. Hay que restablecer una proporcionalidad. Hay una sobrevaloración de los méritos. Y también se denigra mucho. Se desvalora el título de maestro. “Palabra de maestro”... No somos enemigos, sino adversarios procesales. Se han creado ficciones jurídicas absurdas en el derecho penal. Por ejemplo, cuando un juez dice “comparecencia con restricciones, no podrá hablar con otros acusados”. Le privan el derecho de las comunicaciones. El proceso se ha desfigurado.
¿Cómo se ha desnaturalizado el rol del fiscal?
Se han perdido los plazos perentorios. Es falso que el fiscal no tiene que ser objetivo y puede pedir lo que quiera. El fiscal es parte instrumental, no material. Además, en materia probatoria no podemos ir a la ‘pesca’. Y solo se puede devolver la acusación una vez, para datos formales. El juez de control le dio 22 oportunidades de subsanación a Pérez. Es ilegal.
“El impedimento de salida y el allanamiento a Alan fueron ilegales”
¿Algún allanamiento reciente le ha parecido abusivo?
Uno de los casos más dolorosos. A Alan le hicieron un allanamiento cuando la imputación no tenía elementos sobre el delito que se le investigaba. Porque, al final, ¿de qué se le acusaba fundamentalmente? De que había dado una conferencia en Brasil y recibido un honorario sobre el cual pagó un impuesto y, en consecuencia, él no tendría por qué saber el origen supuestamente ilícito de esos fondos. Segundo, él no faltó a ninguna citación de la Fiscalía, del Poder Judicial y del Congreso. O sea, ¿para qué dicen que hay peligro procesal de que va a escapar cuando ha ido a todas las diligencias? Cuando lo citaron, él estaba en España y dijo ‘yo voy’, aunque sus abogados le decían que no. Ahí le prepararon. Pidieron un impedimento de salida a una persona que nunca había dejado de regresar al país. Y, en consecuencia, devino en prisión preliminar. Pero era una investigación incipiente. Objetivamente, ese impedimento de salida, esa prisión preliminar y ese allanamiento, técnicamente, eran ilegales. Fue irregular. Además, hubo grabaciones, una camioneta. Quienes lo perseguían sabían que él iba a defender su dignidad. Fue su respetable decisión, no perder su dignidad saliendo esposado. ¿Sabía o no el servicio de inteligencia y quienes lo perseguían que se iba a suicidar? Yo creo que lo sabían. No soy aprista, pero cuánta falta nos hace Alan... Tan brillante. Cuánta diferencia con algunos gobernantes que hemos tenido.
¿Por qué cree que José Domingo Pérez ha citado a Martín Vizcarra?
Los testigos tendrían que contribuir con hechos. No sé qué tiene que ver el señor Martín Vizcarra como testigo. Se utiliza para menoscabar a los adversarios procesales. Las pruebas no se han individualizado ni se han acreditado su conducencia. Aldo Mariátegui dice que lo han llamado como ‘testigo de boda’. El proceso se ha desnaturalizado.
