Todo parece indicar que el 'incondicional' respaldo político electoral que tuvo Juan Manuel Guillén, presidente regional de Arequipa, en su última candidatura, ahora le está pasando factura. Un reportaje de Poder Ciudadano reveló los beneficios que está obteniendo un grupo de líderes de invasiones quienes, en buena cuenta, han logrado ser formalizados gracias a una resolución refrendada por la autoridad regional.
Según el informe difundido, en los dos últimos años se han reportado varias muertes a raíz del tráfico de tierras e invasiones registradas en la zona del Cono Norte que colinda con la futura carretera Arequipa-La Joya.
De acuerdo con el informe, esa zona fue invadida hace dos años por un grupo de personas lideradas por gente afín a Guillén como Felipe Domínguez, presidente del Frente de Defensa e Integración del Cono Norte; Wilbert Boza, vicepresidente de la Coordinadora Político Social de Arequipa, además de Ramón Pachas y Humberto Olaechea.
Extrañamente, y en vez de intentar recuperar los terrenos ilegalmente ocupados, la administración Guillén no solo no los denunció sino que, en una inexplicable decisión y avalando una ilegalidad, procedió a su formalización.
"Si hiciéramos un proceso judicial lo perderíamos, por eso hemos decidido sacar la Resolución N° 3 y N° 4 y hacer un proceso de empadronamiento", fue la débil explicación de Berly Gonzales, jefe de la Oficina de Prevención de Conflictos. A través de estas, además, se ordena el saneamiento de la zona y la entrega de títulos de propiedad a los invasores.
Pero lo que más ha llamado la atención es el reconocimiento, por parte de este funcionario, de que existe un cogobierno entre el Gobierno Regional de Arequipa y este grupo de líderes de invasiones que apoyaron la candidatura de Guillén.
"El cogobierno existe y persiste, pero el tema fundamental es sacar proyectos estratégicos que permitan atender la necesidad de la población. Estas dirigencias identifican esos proyectos y nos informan para reorientar el presupuesto, ese es el cogobierno", dijo Gonzales.
Sin embargo, en el afán por aprobar los proyectos que a todas luces benefician a sus aliados políticos, el gobierno de Guillén ha perjudicado a los posesionarios de los terrenos invadidos en el Cono Norte.