La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó el uso irregular e ilegal de la publicidad estatal por parte del gobierno de Perú, de acuerdo a lo denunciado por una funcionaria que se vio presionada a renunciar.
En una entrevista televisiva, Ximena Pinto, ahora exsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), reveló que el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, le ordenó excluir al Grupo El Comercio (GEC) de la campaña oficial de publicidad sobre el inicio del año escolar.
Pinto renunció, según dijo, después de que Torres le insistiera no pautar publicidad en América TV y Canal N, medios pertenecientes al GEC, y luego de que la acusara de trabajar para el diario El Comercio. Según Pinto, otros funcionarios de su área también son presionados con pedidos similares contra los medios.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó que “la SIP denunció en distintas épocas en Perú la discriminación de la pauta publicitaria para castigar o premiar a los medios, y en este caso la exfuncionaria solo corrobora una práctica común”.
Agregó que “la SIP siempre fue clara en expresar que el uso discriminatorio de la publicidad oficial es un acto de corrupción, por cuanto un gobierno no puede usar fondos públicos para su beneficio”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, agregó: “Se trata de un acto discriminatorio, irregular e ilegal, que no se fundamenta en principios técnicos y objetivos de medición de audiencias, transparencia, penetración y alcance de los mensajes, sino en contra del criterio editorial de los medios de comunicación”.
Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, recordaron que tanto la Declaración de Chapultepec de la SIP como la jurisprudencia interamericana rechazan el uso discriminatorio de la publicidad oficial.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece en su artículo 13: “...la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial... con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.
La denuncia de Pinto coincide con el pedido de tres organizaciones de prensa a Pedro Vaca, relator especial de libertad de expresión de la CIDH, para que visite Perú debido a la ola de ataques a las libertades de prensa y expresión. Las organizaciones son el Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto Prensa y Sociedad y la Asociación Nacional de Periodistas.