Aníbal Torres en la mira del Poder Judicial por conversar con testigo

La suerte de Aníbal Torres podría cambiar radicalmente. El ex primer ministro, investigado por el delito de rebelión producto de su participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, afronta un pedido fiscal para revisar su situación legal debido a que habría infringido las reglas de conducta impuestas en su contra al comunicarse con un testigo del proceso en el que está comprendido.

El pedido de apercibimiento, que en este caso sería para realizar una amonestación en su contra, será evaluado en febrero por el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

Como se conoce, el Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, alega que Torres ha incumplido con las medidas que le fueron impuestas en diciembre de 2022 al conversar con el exministro de Defensa Gustavo Bobbio, quien figura como testigo en la investigación que afronta. Bobbio visitó a Torres en su vivienda, al cumplirse un año del golpe, a inicios de diciembre de 2023. Dicha reunión fue admitida por Bobbio el 12 de enero en una entrevista con RPP, y confirmada por el abogado de Torres, Duberlí Rodríguez, en más de una entrevista.

Perú21 pudo conocer que, aunque cuando se incumple una regla de conducta se debe variar la medida judicial, en este caso se evalúa solo un llamado de atención contra Torres, al ser la primera vez que infringe la figura de comparecencia con restricciones que pesa en su contra. De concretarse la sanción, el expresidente del Consejo de Ministros complicaría su situación legal de cara a un pedido futuro de prisión preventiva.

La Fiscalía solicita 15 años de cárcel contra Torres por presuntamente colaborar con Pedro Castillo en la redacción del mensaje golpista.

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