La Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico presentó al Tribunal Constitucional (TC) un amicus curiae explicando que la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, promulgada por el Congreso hace dos meses, perjudica el acceso a la información de la ciudadanía. El abogado Andrés Calderón, a cargo del equipo académico, sustenta en esta entrevista el objetivo del informe.
¿Por qué decidieron presentar este amicus curiae al TC?
La Clínica tiene dos ejes de trabajo: transparencia y acceso a la opinión pública, por un lado; y defensa de libertades informativas, por el otro. Poder informar es una manifestación del derecho para que otras personas te escuchen. Nosotros abordamos temas que son de interés público, como es el de esta ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados.
¿Ustedes han identificado que existe una mordaza contra la prensa?
Con esta norma, existe una censura indirecta del Estado hacia los medios de comunicación. En cualquier parte del mundo se consideraría así. Lo que hace esta ley es afectar una fuente de ingreso para la prensa.
Pero si, de acuerdo a su informe, la ley ha sido promulgada para cerrar una fuente de ingreso a los medios, ¿eso es ser indirecto?
Esta es una censura indirecta porque no regula a los medios de comunicación. Es indirecta por eso, pero tiene una afectación concreta porque, a partir de las declaraciones de congresistas y otras autoridades que hemos recabado, en la práctica sí tenía por objeto golpear a los medios.
Los congresistas dicen que los recursos de publicidad deben ser usados en campos “más urgentes”.
Si el argumento de la ley era que el Estado gaste menos o mejor, es una legítima preocupación, pero si la prensa hace bien o no su trabajo, no debe estar en cuestión. Eso va por cuerdas separadas. Pero desde el Parlamento mezclaron ambos temas, por lo que buscaron castigar a los medios.
¿Y ese “castigo” hace que esta ley sea insustentable?
Así es. La ley es floja porque el sustento era cuidar el gasto estatal, que no es lo mismo decir que el Estado no gaste. Cuidar el gasto significa invertir mejor los recursos. Si voy a pagar por anunciar en un medio que va a difundir el mensaje y no va a llegar a quienes, como Estado, quiero llegar, entonces estoy invirtiendo mal. En cambio, si gasto un poco más, pero logro que mi campaña llegue a mi público, entonces estoy invirtiendo mejor. Es así de claro.
Entonces, ¿el TC debería declarar inconstitucional esta ley, como lo ha solicitado un grupo de legisladores y el Ejecutivo?
Sin duda. Ya era claramente inconstitucional porque afecta el derecho de información de los ciudadanos. Pero, además, lo que ponemos en evidencia es por qué es una norma que afecta la libertad de expresión.
El informe también da cuenta de una afectación al modelo económico.
De acuerdo con nuestra Constitución, las empresas estatales solo intervienen de manera subsidiaria, donde no hay oferta privada, entra el Estado. Pero lo que está haciendo esta ley es invertir el orden, estipula que acá solo entra el Estado y no el medio privado. Esto contraviene el artículo 60 de la Constitución.
DATO
Los alumnos integrantes de la Clínica Jurídica que trabajaron el amicus curiae fueron Dana Masamura, Christine De la Torre, Eduardo Dibos y José Carlos Britto.