Alan García
Alan García

Según la denuncia de la Procuraduría Anticorrupción, durante su segundo gobierno, creó una maraña de corrupción en el Ejecutivo para la entrega de la concesión del puerto de Paita. Los decretos de urgencia (DU) fueron claves para lograr ese objetivo.

La hipótesis del procurador sostiene que “García, en su condición de ex mandatario (2006-2011), tuvo el dominio de los funcionarios que desempeñaban cargos de confianza, a través del control de un aparato organizado de poder que encabezó, encubierto en una política de Estado de una supuesta promoción de la inversión en el puerto de Paita”.

En la denuncia realizada el 15 de noviembre de 2018 a la que Perú21 tuvo acceso, indica que García con algunos de sus entonces ministros y funcionarios (codenunciados) habrían dado instrucciones, dentro de las cuales se encontraban los decretos de urgencia. Este mecanismo habría sido utilizado con propósitos ilícitos para viabilizar la concesión del Terminal de Paita y favorecer a la empresa Terminal Portuarios Euroandinos (TPE Paita).

Desde esa perspectiva y dentro del Poder Ejecutivo, el ex jefe de Estado “tuvo dominio de voluntades, a través de sus ministros Enrique Cornejo, como titular del Ministerio de Transportes; Luis Carranza, como titular del Ministerio de Economía; y Verónica Zavala, como su sucesora”, indica Enco en su denuncia.

De acuerdo con el documento, ello fue posible gracias al apoyo de los directivos de entonces de Enapu, Proinversión, entre otros. Hoy, todos también denunciados por la Procuraduría por el delito de colusión agravada.
El objetivo era favorecer al consorcio Terminales Portuarios Euroandinos Paita.

El escrito precisa que los funcionarios, siempre bajo el dominio y control de García, habrían concertado con los representantes legales de TPE Paita realizando diversas acciones, como modificar las bases del proceso de concesión. En abril de 2008, Proinversión lanzó la convocatoria y el 9 de marzo de 2009 se aprobó la precalificación de los postores, quedando fuera de concurso otras empresas competidoras. 

Según la línea de tiempo, el 14 de agosto de 2009, a través de un decreto supremo suscrito por García, Cornejo y Carranza, otorgaron un respaldo financiero que permitió que el consorcio TPE Paita obtenga créditos fácilmente.

Amado Enco
Amado Enco

En efecto, una semana después de ese decreto, una entidad bancaria emitió una carta fianza de garantía hasta por US$16 millones a favor del Ministerio de Transportes.

Para la entrega de la concesión se requería que los funcionarios de la Autoridad Portuaria aprobaran la propuesta de modificación al Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Para ello, los acusados se concertaron con los representantes legales del mencionado consorcio con el fin de viabilizar el proceso de concesión del terminal y que se otorgue la buena pro. Todo en perjuicio económico de los intereses del Estado, refiere la Procuraduría. 

documento alan
documento alan

Los funcionarios mencionados, “con el direccionamiento de García”, habrían decidido y ordenado que se concrete la entrega del puerto de Paita, advierte la denuncia.

Este documento ha llegado a la fiscal Janny Sánchez, del sistema anticorrupción, quien en los próximos días decidirá si inicia las investigaciones a los involucrados.

Amado Enco tiene en la mira al ex presidente. En diciembre último, también denunció a Alan García por la concesión del puerto del Callao. Ese caso está a cargo del fiscal Reynaldo Abia.

DEFENSA DE GARCÍA

​Erasmo Reyna, abogado de Alan García, rechazó las imputaciones en contra de su patrocinado por las denuncias de los casos de Paita y del Callao.

La defensa de García aseguró que la denuncia de la Procuraduría "no tiene ningún sustento jurídico y que se actuó de acuerdo a ley".

Alan García
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