El caso de ‘La Centralita’ representa una de las investigaciones más importantes que litiga la Procuraduría Anticorrupción en defensa del Estado.
Se ha puesto en evidencia a una organización criminal, liderada por el entonces presidente regional de Áncash, César Álvarez, que incurrió en múltiples delitos, como corrupción de funcionarios, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Hay más de 80 personas involucradas, entre funcionarios, servidores públicos y privados. El Ministerio Público formulará la acusación correspondiente, en los próximos días, pudiendo solicitar la imposición de penas privativas de la libertad superiores a los 20 años para los principales responsables, bajo el criterio del concurso real de delitos. Luego vendrá la etapa intermedia, donde los sujetos procesales formularán sus alegaciones, para, finalmente, pasar al juicio oral, el mismo que podría durar varios años. El expediente del caso contiene abundante material probatorio que ha sido acopiado por una compleja investigación, liderada por el fiscal Elmer Chirre, quien demandó un poco más de cuatro años de trabajo.