Desde hace un año venimos escuchando conversaciones que revelan, ya no el síntoma, sino la enfermedad que aqueja al Poder Judicial. A magistrados presuntamente vinculados a la organización Los Cuellos Blancos del Puerto cuyas ramificaciones penetraron el ámbito de la política.
De una mafia que operaba en el Poder Judicial, el Ministerio Público y el hoy desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en la que se arreglaban sentencias y nombramientos a cambio de dinero y favores. Desde entonces, han rodado cabezas de jueces, fiscales y consejeros. (Ver infografía).
Uno de los protagonistas es el ‘hermanito’ César Hinostroza Pariachi, exjuez supremo cuya extradición se tramita con España. En uno de sus diálogos, puso de relieve la forma como resolvía un expediente en el caso del violador de una menor. “¿Qué es lo que quieren? Que le baje la pena o que lo declare inocente”.
En otro audio, coordina una reunión con un empresario en la que se hace mención a la ‘Señora K’ (supuestamente en referencia a Keiko Fujimori) y a quien también denominan ‘Fuerza N° 1’ (por su partido Fuerza Popular).
Hinostroza también aparece implicado con el hoy encarcelado presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, quien –según la Fiscalía– le pagó US$5 mil al exjuez para sus gastos en el Mundial de Rusia a cambio de que ponga trabas a la investigación fiscal en el caso Los Wachiturros de Tumán, donde Oviedo es señalado como cabecilla de la banda y autor mediato del homicidio de dos dirigentes azucareros.
Otro exjuez salpicado por los audios es el expresidente de la Corte de Justicia del Callao Walter Ríos, protagonista de tráfico de influencias. En uno de los audios le dice a su asesor Gianfranco Paredes que al postulante (Armando Mamani Hinojosa) “lo van a apoyar varias gentes” y para ello debía dejar “una garantía” de “10 verdecitos (¿10 mil dólares?)”. Mamani postulaba como fiscal en la jurisdicción de Tacna.
EL FISCAL DE LA NACIÓN
El impacto de los audios dejó sin piso al entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry. En uno de sus informes, la fiscal Rocío Sánchez, quien investiga a Los Cuellos Blancos, acusó a Chávarry por los delitos de organización criminal, encubrimiento real y encubrimiento personal a raíz de su vínculo con la citada red criminal.
Ante las denuncias constitucionales presentadas en su contra en el Congreso, Chávarry salió bien librado gracias al apoyo de los votos de Fuerza Popular y el Apra.
No obstante, en enero de este año se vio obligado a renunciar por haber ordenado el 31 de diciembre de 2018 la destitución de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato, decisión sobre la cual tuvo que dar marcha atrás. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso sigue investigándolo.
Chávarry no habría sido el único. El fiscal supremo Pablo Sánchez investiga a su colega Tomás Gálvez, sindicado como miembro de Los Cuellos Blancos, por los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal y cohecho activo.
En uno de los audios, Hinostroza se comunicó con Gálvez para que apoye a Mauricio Arrieta Ojeda, representante de una empresa, quien necesitaba un dictamen favorable del Ministerio Público.
Pablo Sánchez también investiga a Víctor Rodríguez Monteza, implicado en esta red y quien se pronunció a favor de la casación de Keiko Fujimori y dio la espalda a los fiscales del equipo Lava Jato.
En tanto, el expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez decidió apartarse de su cargo debido a la avalancha de críticas tras los audios en el que su asesor Luis Díaz utilizaba su nombre para coordinar con el exjuez Walter Ríos.
Además, se difundió más de diez conversaciones telefónicas de los integrantes del CNM: Iván Noguera, Julio Gutiérrez y Guido Aguila con Ríos e Hinostroza.
Los interlocutores hablaron sobre gestiones que realizaron para beneficiar a personas de su confianza en el sistema de justicia, para beneficiar a sus familiares con convenios con el Poder Judicial o para agradecer por haber cumplido el intercambio de favores.
Todo ello terminó con la desarticulación del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, varios magistrados presuntamente implicados en actos de corrupción no puedan ser investigados porque aún no se conforma la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
SIGUEN RENUNCIAS
Ayer, el Poder Judicial aceptó la renuncia de Manuel Quintanilla Chacón como juez provisional de la Corte Suprema. En el documento, Quintanilla adujo razones personales.
La renuncia se da tras la difusión de un audio en el que conversa con Hinostroza sobre otro magistrado supremo, Jorge Castañeda, quien ayer se inhibió de ver el caso Keiko.
En el diálogo, Quintanilla Chacón le dice a Hinostroza que “coordinará” con Castañeda, lo que ocurrió en junio de 2018. Las investigaciones continúan. La Fiscalía tiene más de 60 mil audios por clasificar. Seguirán apareciendo más nombres y la justicia deberá sancionarlos con todo el peso de la ley. Ojalá.
ANÁLISIS
César Azabache // Abogado penalista
“Las grabaciones son el punto de partida de un proceso que todavía está inconcluso y que aún no tiene forma. Estamos entrampados en el esfuerzo por liberarnos de las interferencias que crearon Los Cuellos Blancos. La intensidad del proceso no nos permite aún pasar a un momento más propositivo de formulación de políticas públicas sobre la justicia. No hemos comenzado el momento positivo de discutir lo que queremos como sistema judicial”.
Luis Vargas Valdivia // Exprocurador
“La Junta Nacional de Justicia es un gran fracaso. El hecho de que no se haya constituido nos está perjudicando porque tenemos a varios fiscales supremos involucrados (Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza) y no les está pasando absolutamente nada a pesar de las evidencias mostradas en los audios. El Congreso tampoco está haciendo nada por ayudar a reformar el Poder Judicial. Se debe declarar en emergencia el sistema de justicia”.
Mario Amoretti // Abogado penalista
“Pese al destape de los audios, el problema judicial sigue igual. Desgraciadamente, no se sanciona ni se investiga a quienes corresponde a pesar de las evidencias. Además, hay una carga procesal que es inmanejable. La Fiscalía debería agilizar las diligencias para poder avanzar con las investigaciones y seguir identificando a los magistrados que están implicados en actos de corrupción. Se debe seguir con las corroboraciones de los audios y realizar pericias”.
TENGA EN CUENTA
*El juez César San Martín también se comunicó con el expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, para pedirle un favor. En la conversación se oye al vocal supremo solicitarle “celeridad” en un caso familiar. Sin embargo, el magistrado señaló que no hubo tráfico de influencias en ese pedido.
*El exconsejero Julio Gutiérrez Pebe se encuentra cumpliendo una orden de prisión preventiva de 18 meses por presuntamente respaldar nombramientos ilegales de tres jueces a cambio de beneficios económicos.