Alejandro Toledo y un 2020 cargado de vaivenes judiciales

La resolución del último viernes que permite al exmandatario Alejandro Toledo salir cuatro horas al día de su inmueble en California, pese a su arresto domiciliario, constituye una nueva sorpresa en las idas y venidas de disposiciones dictadas en los procesos que se le siguen en Estados Unidos y el Perú por los casos Odebrecht y Ecoteva.

Toledo ha sido acusado de haber recibido hasta US$35 millones de Odebrecht a cambio de favorecerla en sus negocios en Perú cuando aún era presidente (2001-2006).

Así, el otrora líder de Perú Posible, partido político con el que llegó a la presidencia y que perdió la inscripción en el proceso electoral del 2016, se encuentra prófugo de la justicia peruana desde 2017, tras el destape del caso protagonizado por la constructora brasileña.

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Sin embargo, en Estados Unidos, país en el que aguarda los avances del proceso de extradición al Perú, Toledo ha experimentado reveses de todo tipo. El expresidente inició el presente año en prisión, pues en julio del 2019 fue detenido luego de que el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, autorizara su arresto con fines de extradición tras considerar que existía peligro de fuga.

Aunque en un principio fue recluido en la cárcel de Santa Rita, luego se decidió trasladarlo en la prisión de Maguire, un centro penitenciario con condiciones menos severas.

Pedidos y advertencias

Si algo es fácilmente reconocible en la estrategia legal del expresidente es su intensa actividad. En diciembre del 2019, los abogados Steven Kalar y Graham Archer, defensores legales de Toledo, exigieron la entrega de un conjunto amplio de información vinculada a su caso.

Entre los documentos solicitados se exigía ver los acuerdos de colaboración entre el equipo especial Lava Jato y Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, además del acuerdo suscrito con el empresario israelí Josef Maiman. Esto fue rechazado a finales de enero por la fiscal federal estadounidense Elise LaPunzina.

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A inicios de febrero, en Perú, la Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado confirmó la retención de sus gratificaciones y pensiones por un monto acumulado de S/97,334, equivalente a 29 meses de pensiones no abonadas. Días después, Alejandro Toledo participó en California en una audiencia a propósito de un recurso, a través de un expediente médico, con el que buscaba probar que su reclusión afectaba su salud mental. Lo más llamativo de la sesión fue la participación de su esposa Eliane Karp, quien durante la jornada fue llamada a la calma en más de una oportunidad. “Están violando sus derechos humanos”, vociferaba la ex primera dama.

Casi un mes después, el juez Vince Chhabria denegó de forma definitiva el pedido de libertad bajo fianza. “El testimonio del doctor resulta insuficiente para determinar que las condiciones particulares en el penal de Maguire (donde se encuentra encarcelado) están causando o causarán a este preso problemas de salud mental serios”, indicó el magistrado en su fallo.

A inicios de marzo, también, en nuestro país, la Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema declaró procedente la solicitud de la fiscalía para que se extradite al expresidente y su esposa Eliane Karp por la investigación que se les sigue por el Caso Ecoteva.

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No obstante, marzo sería el mes en el que Toledo tendría su victoria más importante del 2020, y lo conseguiría a través del argumento menos pensado: el riesgo de contagio de COVID-19. El juez Hixson decidió acoger una solicitud de libertad bajo fianza a causa de la pandemia, con lo cual Toledo abandonó prisión tras ocho meses de encierro. En lugar de ello, cumpliría arresto domiciliario.

Entre las garantías solicitadas por el juez figuró que el expresidente abandone el penal tras pagar, por lo menos, US$500 mil en efectivo de un total de US$1 millon exigidos como fianza total. Con grilletes puestos, Toledo volvió a su inmueble el 21 de marzo. Sin embargo, el economista de profesión puso en riesgo su libertad bajo fianza, pues el 24 de abril la fiscal LaPunzina informó en una audiencia que él violó hasta en cuatro oportunidades las disposiciones ordenadas para salidas cortas y visitas a vecinos.

La defensa legal del ex jefe del Estado no logró explicar a cabalidad los motivos por los cuales violó el arresto, y se limitó a exponer que él no contaría con la tecnología que requiere en su vivienda. Todo ello motivó una advertencia por parte de la justicia estadounidense, con lo cual se indicó que de registrarse una reincidencia volvería a prisión.

Permisos y nuevas fechas

A inicios de agosto del 2020, el juez Hixson aceptó la propuesta de calendario presentada conjuntamente por la fiscalía y la defensa de Toledo en la que se fijan para enero y febrero del 2021 varias fechas límite para presentar documentación del caso. Asimismo, se estableció el jueves 11 de marzo del 2021 como fecha de la vista de extradición.

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Días después, El Comercio informó que el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, presentó al Poder Judicial la acusación contra Toledo por los supuestos sobornos recibidos de parte de Odebrecht para la adjudicación de la carretera Interoceánica. En pos de ello, la fiscalía solicitó 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad por los delitos de colusión y lavado de activos.

La sorpresa del mes, no obstante, llegaría por parte de una nueva concesión de la justicia estadounidense. El magistrado Thomas S. Hixson accedió a la petición del abogado de Toledo para que el exmandatario cuente con cuatro horas libres pese a su arresto domiciliario, solicitud a la que no se opuso la fiscalía de EE.UU.

Con varios meses de por medio respecto hacia la fecha en la que se evaluará su extradición, el ex jefe del Estado deposita toda su suerte en los recursos interpuestos por sus equipos legales en Perú y Estados Unidos. Lo que sí queda claro es que es necesario que la justicia se dé su lugar, sea cual sea su devenir.

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