El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, saludó la posible extradición del expresidente Alejandro Toledo de Estados Unidos. (Foto: Hugo Pérez / GEC)
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, saludó la posible extradición del expresidente Alejandro Toledo de Estados Unidos. (Foto: Hugo Pérez / GEC)

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, , aseguró que el recibió con satisfacción el fallo del juez Thomas Hixson que respalda la posición del Estado peruano sobre la de Estados Unidos para que sea juzgado en nuestro país.

A través de su cuenta en Twitter, el titular del Minjusdh también indicó que el Poder Ejecutivo está a la espera de si es admitido o no un posible recurso de habeas corpus del exmandatario.

“Recibimos con satisfacción el fallo del juez Hixson que respalda la posición del Estado peruano sobre la extradición de Toledo para que sea juzgado en nuestro país. Toledo puede hacer uso del recurso de habeas corpus, caso en el que estaremos a la espera si es admitido o no”, expresó en la red social.

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Como se recuerda, este martes la Justicia de Estados Unidos decidió este martes que Toledo Manrique, acusado en su país de corrupción, puede ser extraditado, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida.

Con el visto bueno de la Justicia estadounidense, dependerá ahora del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, tomar la decisión final sobre si se extradita o no al exmandatario peruano, tras un proceso que ha durado más de dos años.

“El tribunal ha considerado las pruebas sobre la existencia de un acto criminal y las considera suficientes para apoyar las acusaciones de conspiración y lavado de dinero”, escribió en su resolución el magistrado Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco.

Alejandro Toledo fue detenido en julio de 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años y estuvo ocho meses en prisión al apreciar el juez un riesgo de fuga, aunque finalmente pudo salir de la cárcel y pasar a una situación de arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia del COVID-19.

Según las investigaciones de la Fiscalía peruana, el expresidente de 75 años habría recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú, cuando aún era jefe de Estado.

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