El juez estadounidense que lleva el caso de extradición del expresidente (2001-2006), acusado de corrupción, decidió hoy que el 15 de abril se efectuará una sesión en la que revisará si lo mantiene en arresto domiciliario o si ordena que regrese a prisión.

En una orden judicial a la que tuvo acceso Efe, el magistrado Thomas Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, estableció que en una audiencia virtual decidirá el futuro inmediato del exmandatario, que fue detenido en Estados Unidos en julio de 2019.

Toledo pasó los primeros 9 meses de su detención en la cárcel, pero salió de prisión a finales de marzo del año pasado al comienzo de la pandemia, pues el juez consideró que, por su avanzada edad (el expresidente tiene 75 años) y sus problemas de salud, era población de riesgo ante el coronavirus.

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Desde entonces y tras depositar mediante allegados una fianza de un millón de dólares, el exmandatario ha permanecido bajo arresto domiciliario en distintas localidades al sur de San Francisco, aunque Hixson tuvo que llamarle la atención en abril pasado por haber salido de casa sin permiso en varias ocasiones.

Se espera que en la vista del 15 de abril testifiquen agentes del Servicio Prejudicial de EE.UU., el cuerpo encargado de velar por el cumplimiento de las condiciones del arresto domiciliario, que denunció las violaciones de Toledo en el pasado.

La celebración del juicio de extradición, que debe decidir si las autoridades de EE.UU. lo entregan a Perú, donde se le reclama, está actualmente fijada para el 23 de septiembre, tras haber sido pospuesta en varias ocasiones.

DATOS

- Al exmandatario, que durante los años previos a su detención residió en EE.UU., se le investiga por presuntamente haber recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú, cuando él aún era presidente.

-Según las investigaciones de la Fiscalía, Toledo recibió sobornos millonarios de Odebrecht mediante el empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien supuestamente luego ingresó ese dinero a cuentas en Costa Rica, entre ellas de la empresa Ecoteva, fundada por la suegra del expresidente.

EFE

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