Silvana Carrión asumió la procuraduría el 13 de febrero del 2020. (Foto: archivo GEC)
Silvana Carrión asumió la procuraduría el 13 de febrero del 2020. (Foto: archivo GEC)

Para la procuradora ad hoc para el caso ‘’, , al expresidente le esperaría una pena superior a 20 años de cárcel, por los delitos de colusión y lavado de activos. Tras haber recibido 35 millones dólares en coimas, de la empresa a cambio del proyecto de la .

“Las penas de estos delitos que son delitos graves como colusión y lavado de activos superan los 20 años de pena privativa de libertad. Lo que tenemos a la fecha vigente es el mandato de prisión preventiva por 36 meses y que se comienza a ejecutar una vez que sea entregado al estado peruano”, indicó.

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Manifiesta que el recurso de hábeas corpus que presentará la defensa del expresidente, tendrá que resolverse primero antes de ser extraditado, sin embargo asegura que no afecta la decisión del juez federal de California.

“No hay un plazo de presentación de este hábeas corpus, tampoco hay un plazo para que la corte federal resuelva esto y se pueda pronunciar. Sin embargo, de lo que nosotros hemos investigado de experiencias similares en procesos anteriores, normalmente, son algunos meses que esta instancia de la corte federal se toma para poder resolver. El tema de fondo ya ha sido decidido”, manifestó Carrión.

Explicó que este recurso se resolverá en dos instancias judiciales de los Estados Unidos.

“Todo este trámite judicial una vez que se agota, pasa al departamento de estado y el departamento de estado hace una evaluación también sobre el señor Toledo y es quien finalmente autoriza la extradición y que coordina la entrega del señor Toledo al estado peruano”, concluyó la procuradora ad hoc.

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