El tiempo de prófugo se le está terminando a Alejandro Toledo. Ayer, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundada y, por unanimidad, la solicitud de extradición del ex presidente que, en diciembre pasado, presentara el equipo especial para el caso Lava Jato de la Fiscalía ante el juez Richard Concepción.
Al ex mandatario, que reside en Estados Unidos, se le atribuyen los delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos por haber pedido millonarias coimas a la empresa Odebrecht a cambio de concederle los tramos II y III de la Interoceánica Sur.
Según la Fiscalía, Toledo pidió US$35 millones, pero la firma brasileña terminó desembolsando US$20 millones porque este no cumplió con concederle la obra completa.
Si bien la defensa del ex jefe de Estado alegó que su patrocinado no incurrió en colusión –porque no habría participado de la adjudicación del proyecto– y que el delito de tráfico de influencias prescribió en 2012, el tribunal encabezado por el juez César San Martín rechazó esos alegatos, como se lee en el documento de 58 páginas.
LOS ARGUMENTOS
En el caso de tráfico de influencias, la resolución señala que se configuró el acto ilegal porque Alejandro Toledo ofreció “una determinada influencia al superintendente de Odebrecht Perú”, Jorge Barata, para garantizarle la adjudicación de la IIRSA.
“Importó la disposición de una influencia real sobre el comité especial de Proinversión y otros funcionarios de dicha institución que se encargarían de llevar a cabo el proceso de concesión y selección de la carretera Interoceánica. Con ello logró la entrega de un beneficio patrimonial considerable (coima) de parte de Odebrecht Perú”, se lee.
Respecto al delito de colusión, la Corte Suprema señala que se concretó al concertarse Toledo con Barata para entregarle el megaproyecto. “(Toledo) evitó un proceso transparente por un monto razonable y en las mejores condiciones para el Estado. La posición funcional que exige el tipo penal para hacer autor al imputado Toledo también se cumple”, argumenta.
Y en referencia a lavado de activos, la sala manifiesta que se confirmó el acto de conversión cuando el empresario Josef Maiman intervino en favor de Toledo y ofreció sus cuentas offshore para recibir el dinero ilícito de Odebrecht.
“El objeto del delito de lavado de activos está configurado por el dinero que solicitó (Toledo) a la empresa Odebrecht a cambio de favorecerla en licitaciones públicas, que consistió en un monto aproximado de veinte millones de dólares”, se indica.
Otra cuestión a destacar es que en la resolución, que llegará a manos de las autoridades judiciales de EE.UU., se aclara que no existe persecución política, como insiste la defensa de Toledo, y que el proceso que se sigue al ex presidente es por delitos cometidos durante su mandato (2001-2006).
En este periodo de tiempo, como se sabe, el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski fue ministro de Estado y presidente del Consejo de Ministros.
GARANTIZA COMPROMISO
Momentos después de conocerse el anuncio de la Corte Suprema, la primera ministra Mercedes Aráoz se pronunció en las redes sociales para comunicar que el Ejecutivo toma con seriedad el caso y que se pronunciará lo antes posible.
“El expediente de extradición del ex presidente Toledo aún no llega al Ejecutivo. Primero debe pasar por una Comisión Técnica del Ministerio de Justicia y después será revisado en Consejo de Ministros. Este gobierno garantiza firmeza y celeridad en la lucha contra la corrupción”, publicó Aráoz desde el Twitter.
TENGA EN CUENTA
- Sobre Toledo pesan dos pedidos de prisión preventiva por 18 meses: uno por el caso en cuestión y otro por Ecoteva, en el que se acusa al ex mandatario de haber comprado millonarios inmuebles con las coimas que recibió.
- Según Barata, Odebrecht aportó US$700 mil a la campaña de Toledo en 2011.