Alejandro Soto se salta a la garrocha las normas para aprobar su proyecto

Primero fue la llamada ‘ley Soto’, que el mismo presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, impulsó y que le permitió librarse de una condena por estafa. Hoy, en vísperas de dejar el máximo cargo directivo del Parlamento, el legislador por Alianza para el Progreso vuelve a hacer de las suyas y logra la aprobación en el Pleno, en primera votación, de un proyecto de su autoría —sin dictamen previo y sin la opinión especializada de los principales involucrados— que obliga a las operadoras de servicio de cable a incorporar canales de señal abierta.

El último jueves, esa fue la primera iniciativa que Soto, quien antes de ser parlamentario fue conductor del programa Ronda Política del canal Compañía de Televisión Cusqueña (CTC), en Cusco, sometió a consideración de los legisladores. La sustentación estuvo a cargo de Óscar Zea, vicepresidente de la Comisión de Transportes, instancia que preside el correligionario de Soto, Eduardo Salhuana, y que no objetó en modo alguno el acuerdo de la Junta de Portavoces —que él también integra— para que se exonere de dictamen el proyecto.

Como sea, lo cierto es que en menos de ocho minutos, ese jueves, Zea leyó los alcances de la propuesta y Soto la pasó a votación. Finalmente, 71 congresistas votaron a favor: todo APP además de Fuerza Popular, Perú Libre, Bloque Magisterial, Acción Popular, entre otros. Trece legisladores se pronunciaron en contra, y 22 se abstuvieron, la mayoría de ellos no agrupados.

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CONFLICTO DE INTERÉS

En diálogo con Perú21, el congresista Carlos Anderson cuestionó el mecanismo de aprobación de la norma —que está todavía pendiente de segunda votación en el Pleno—. “Ha sido exonerado de dictamen. Uno se pregunta por qué el abuso de beneficiar a empresas amigas, particularmente del Cusco. Es una medida que tiene un tinte político. Es un proyecto del propio Alejandro Soto que usando su poder pone al Pleno, que no pasa por comisión y que tiene evidentes conflictos de interés porque beneficia a empresas vinculadas con él, y sobre todo inmiscuyéndose en las libres decisiones de otras empresas privadas. ¿Por qué te tienen que obligar a ti a poner en tu parrilla canales de señal abierta? ¡Cómo maneja esta gente el Perú, por Dios!”, manifestó.

En esa línea, Anderson sostuvo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tendría que pronunciarse al respecto, pero estimó que eso no ocurrirá. “Se trata de un Ejecutivo tan débil, que nunca quiere chocar con el Congreso y las bancadas que lo apoyan, que no extrañaría que lo dejen pasar”, acotó.

Por su parte, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) exhortó al Parlamento “a no apoyar este tipo de iniciativas que contribuyen al retroceso, en materia de estabilidad jurídica, atentando contra el Estado de derecho del país”.

A través de un comunicado, sostuvo que la propuesta “vulnera los principios básicos constitucionales” pues promueve la intervención estatal en decisiones empresariales que deberían ser adoptadas en plena libertad.

A FAVOR

La postura de Jorge Baca Álvarez, extitular de la SNRTV, sin embargo, es discrepante. Explicó que los alcances del proyecto deben ser entendidos en un contexto en el que las operadoras de cable no son solo aquellas que operan en Lima, sino que hay cientos en provincias que ejercen una competencia desleal con los radiodifusores. “Las empresas de cable tienen la concesión para operar las parrillas, pero a la vez han generado negocios de contenido que comercializan con los anunciantes, son competidoras de los canales de señal abierta, eso es lo que se tiene que merituar. Por supuesto que no se puede imponer un contenido o una obligación por ley, pero en este caso lo que se tiene que considerar es, desde el lado de los radiodifusores, que ellos tienen el deber de cubrir una localidad y tienen a su vez el derecho de ser captados por todos los hogares de esa localidad. Las empresas de cable, al haber modificado su modelo de negocio y contar con contenidos propios que comercializan con los anunciantes se convierten en competidores de privados y ellos libremente prescinden de sus programaciones para tener sus programaciones propias y comercializarlas”, indicó.

Añadió que “prácticamente todas las UHF que han operado en los últimos años han ido a la quiebra porque no han tenido la capacidad de llegar a las empresas de cable”. “Estas les han negado el acceso y a partir de ello no han podido contar con las audiencias que se necesitan y, lo peor, han tenido que competir en condiciones desiguales. Acá no estamos hablando de una imposición, estamos hablando del ejercicio de un derecho que tienen los radiodifusores y que es la corriente que existe en otras partes del mundo”, acotó.

Fuera o no así, lo cierto es que el tema amerita un estudio y debate prolijos, y no ser aprobado con un salto a la garrocha de todos los procedimientos legislativos. El Pleno tendrá en la segunda votación la última palabra.

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