Aldo Vásquez: “Denunciaremos si jueces buscan favoritismo” [ENTREVISTA]

El primer presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) cuenta que quien lo terminó de convencer para postular a la entidad que elegirá a los jueces y fiscales del país fue su hija de 15 años. El recuerdo aún está fresco porque Aldo Vásquez Ríos se emociona al evocar las palabras que ella usó para darle su apoyo. “¿Quién defenderá a la patria si uno se va?” fue la frase que rescató Vásquez para aludir al reto que ahora asume.

Al frente de la JNJ tiene la responsabilidad, como él mismo dice, de “garantizar la independencia de los magistrados” en medio de una severa crisis de credibilidad.

¿Terminaron de elaborar el plan de trabajo que ejecutarán en 180 días?

En estos días vamos a publicar ese plan, faltan afinar algunos detalles. Debemos consignar las metas, pero es inminente su publicación. Algunos ámbitos tienen que ver con la propia reestructuración de la JNJ. Por otra parte están las funciones constitucionales de la institución y acá entran los 2,400 casos de ratificación, sanción y nombramientos de jueces y fiscales que estuvieron a cargo del extinto Consejo Nacional de la Magistratura entre 2015 y 2018. Revisaremos sobre todo los casos en los que haya graves indicios de irregularidades.

¿Ya hay casos que priorizarán entre esas 2,400 carpetas? ¿La ratificación de Pedro Chávarry como fiscal supremo está en ese radar?

Lo que hemos discutido son criterios de priorización. En ningún caso priorizamos en función de la persona, lo hacemos a partir de la naturaleza de las circunstancias, como por la antigüedad del caso, su impacto en la vida social, la jerarquía de los magistrados comprendidos. Aunque también veremos si en este año y medio ha habido denuncias que ameritan ser evaluadas, de tal manera que tengan mérito suficiente para iniciar una investigación de oficio.

Perú21 reveló que el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, registró llamadas con el exconsejero Julio Gutiérrez, que –según el propio juez supremo– pretendía interceder en favor de un exgobernador de Áncash que había interpuesto una casación. ¿La JNJ podría actuar de oficio?

La JNJ es una instancia que debe pronunciarse en materia sancionadora en función de inconductas establecidas en la Ley de Carrera Judicial y Fiscal. Ahí donde nosotros podamos percibir que hay inconductas establecidas, podríamos abrir una investigación de oficio.

Pero así como se presenta este caso, ¿se podría haber configurado el delito de omisión de denuncia? Lecaros recién contó del acercamiento de Gutiérrez cuando Perú21 le consultó sobre sus llamadas, más de un año después de sucedidos los hechos.

Tenemos que evaluar el caso. No podemos pronunciarnos aún. Pero está claro que la JNJ puede abrir de oficio cuando se ha incurrido en una inconducta.

Otro de los casos que la JNJ tiene pendiente es la designación del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), porque el último nombrado, Adolfo Castillo, fue suspendido del puesto en julio de 2018.

A la Junta le corresponde, como parte de su función constitucional, la designación tanto del jefe de la ONPE como del titular del Reniec. Y, además, de dos autoridades recientemente creadas: las autoridades de control del Poder Judicial y el Ministerio Público. De estas últimas debemos aún diseñar los mecanismos de selección.

¿Priorizarán la designación de los jefes de la ONPE y Reniec? ¿Ya estimaron algún plazo?

Estamos considerando ese tema dentro de nuestro plan de trabajo, pero no puedo hacer un anuncio al respecto.

¿Los miembros de la JNJ adoptarán un trato diferente con otros altos funcionarios? Sus predecesores, los exconsejeros, solían tener irregulares llamadas y reuniones con otros servidores públicos y privados.

Eso es cierto. Por un lado están las exigencias de la ley orgánica de la Junta en la que se establece algunos criterios. Nos impide, por ejemplo, recibir reconocimientos, doctorados honoris causa o ese tipo de figuras que de alguna forma podrían mellar la independencia. Pero más allá de eso, esta Junta ha decidido aprobar una declaración ética que nos compromete a cada uno de sus miembros al cumplimiento de ciertos estándares. Otra medida es la creación, dentro de la propia estructura de la entidad, de un oficial de cumplimiento, quien debe verificar que se acaten las reglas de transparencia.

¿Pero tendrán reglas para, por ejemplo, reunirse con jueces o fiscales?

Todo esto supone el establecimiento de ciertos protocolos. Un tercer tema es la instalación de un consejo consultivo que nos permite dialogar con actores válidos de la sociedad civil que puedan interactuar con nosotros y poder recibir su percepción de lo que estamos haciendo. Creemos que con esos mecanismos podemos avanzar en nuestro propósito de transparencia.

¿Considerarían declarar si algún juez o fiscal o agente externo los llama buscando persuadirlos en algún proceso de selección?

Por supuesto. Esa propuesta está en la declaración ética a la que he aludido antes. Tendremos la obligación de denunciar cualquier irrupción de jueces o fiscales que busquen algún tipo de favoritismo, el concepto está presente en la declaración.

¿La metodología para designar o ratificar a jueces y fiscales también cambiará?

Sí. De hecho, está en agenda el debate que demos tener respecto de los reglamentos para los nombramientos, ratificaciones y procesos disciplinarios. Se van a ir introduciendo elementos que den garantías de objetividad e imparcialidad.