Las esterilizaciones forzadas en el Perú se llevaron a cabo entre 1996 y 2000. (Foto: GEC)
Las esterilizaciones forzadas en el Perú se llevaron a cabo entre 1996 y 2000. (Foto: GEC)

Las denunciantes, organizaciones de víctimas, sobrevivientes y organizaciones de defensoras del caso de exigieron al juez Rafael Martín Martínez que fije fecha y hora para proseguir con la audiencia de sustentación de cargos.

Tras aplazar por más de dos años la audiencia de sustentación de cargos contra el expresidente Alberto Fujimori y los exministros Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga y otros ex funcionarios, aún no ha culminado la primera audiencia.

Esta vez la sesión, reprogramada en dos oportunidades y convocada para el pasado 11 de enero, se suspendió porque el Poder Judicial no garantizó el derecho de las víctimas a contar con traductoras/intérpretes de las variantes de quechua.

Por ello, César Nakazaki, representante legal del exmandatario, solicitó la suspensión de la audiencia, propuesta que fue apoyada por los abogados de los exministros Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta.

“Sabían que muchas éramos quechuahablantes, el juez y fiscal tenían que haber previsto traductoras oficiales, es nuestro derecho. Es una burla que los abogados fujimoristas defiendan nuestros derechos”, declaró Rute Zuñiga, presidenta de la Asociación de mujeres peruanas afectadas por las esterilizaciones forzadas (AMPAEF).

“Rechazamos que el abogado Nakazaki utilice nuestro derecho a traducción para dilatar la audiencia y pretenda excluir a Fujimori del proceso penal”, señaló a su vez dice Inés Condori, presidenta de la Asociación de Víctimas de Chumbivilcas.

Por su parte, María Elena Carbajal, presidenta de AVEF Lima y Callao, recuerda que no es la primera vez que Fujimori alega problemas de salud en un proceso judicial.

“Fujimori no puede ser un denunciado ausente. Exigimos se agilice la solicitud de extradición por esta causa que afectó a miles de mujeres que llevan luchando más de 25 años por verdad, justicia y reparaciones integrales”, expresó, por su parte, María Esther Mogollón coordinadora del Grupo de seguimiento a las Reparaciones en Esterilizaciones Forzadas.

En tanto, María Ysabel Cedano y Milton Campos, abogados de Demus en los casos de Mamérita Mestanza y Celia Ramos, quienes fallecieron por esta política de salud, exigen al Ministerio público y al Poder judicial cumplan con la debida diligencia para la investigación de este caso.

Las esterilizaciones forzadas se aplicaron en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996 y 2000 a más de 300 mil mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas que vivían en zonas rurales y urbano populares.

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