Sentenciados del fujimontesinismo le deben al Estado 1,405’200,390.89 soles

El ex presidente Alberto Fujimori, su ex asesor Vladimiro Montesinos y otros 13 sentenciados vinculados al régimen fujimontesinista que operó en los 90 aún tienen una deuda con el Estado por 1,405’200,390.89 soles. 

El procurador anticorrupción, Amado Enco, explicó a Perú21 que “el 90 por ciento del total de la deuda de S/1,423’408,369 no ha sido cancelada” pese a los años de condena que tienen los implicados. 

A la fecha, añadió, solo han cancelado 18’207,978 soles.
El ex mandatario Fujimori adeuda 27’460,216 soles; sin embargo, no ha pagado ni un sol al Estado, a pesar de que en 2015 recibió su cuarta condena relacionada a los delitos de corrupción por los espionajes telefónicos, pagos a medios de comunicación y por la compra de congresistas tránsfugas con el objetivo de perpetuarse en el poder. 

“Con dicha actitud, Fujimori demuestra su desprecio por la justicia peruana y una nula voluntad de reparar los daños causados al Estado producto de sus delitos”, señaló Enco. 

En ese escenario, recordó que la sentencia ordena el cumplimiento de una pena privativa de la libertad y el pago de la reparación civil. Si está última no se cumpliera, los hechos de corrupción cometidos quedan parcialmente impunes.

LOS OTROS SENTENCIADOS
El ex asesor en temas de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, encabeza la lista con un monto récord de 548’161,464 soles. Para cobrarse parte de ese monto, en agosto de 2018, el Estado realizó una subasta de 152 piezas entre joyas de oro y brillantes decomisados al ‘Doc’, las que fueron tasadas en 2’821,000 soles.

En la lista también figuran Juan Valencia Rosas, testaferro del ex asesor; Francisco Crousillat Carreño, ex empresario de televisión, y su hijo José Crousillat López Torres. 

Asimismo, aparecen Luis Rozas Bonuccelli, quien fue jefe nominal del ex Servicio de Inteligencia Nacional y el José Villanueva Ruesta, ex ministro del Interior.

Engrosan el listado Elesván Bello Vásquez, ex comandante de la Fuerza Aérea del Perú; Nicolás de Bari Hermoza Ríos, quien durante siete años estuvo a la cabeza del Comando General del Ejército.

Hermoza fue condenado a 22 años de prisión por los delitos de narcotráfico, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, peculado, entre otros.
César Saucedo Sánchez, ex ministro de Defensa, fue condenado por enriquecerse ilícitamente con la colaboración de sus familiares más cercanos y del asesor Montesinos. 

Los empresarios Samuel Winter Zuzunaga y Mendel Winter Zuzunaga admitieron que recibieron más de US$3 millones del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), de manos del propio asesor presidencial, con la finalidad de aumentar el capital social de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión que manejaban en esa época.

Víctor Joy Way Rojas, el ex ministro de Economía y ex presidente del Congreso, fue condenado, según la Fiscalía, por recibir patrocinios de corporaciones chinas por más de US$14 millones, pese a que era funcionario público.

El publicista Oscar Dufour Cattaneo participó en una reunión en la cual Montesinos le entregó 15 mil dólares al entonces congresista Alberto Kouri, de Perú Posible (de Alejandro Toledo), para que se pasara a las filas del fujimorismo.

El ex congresista Carlos Raffo Arce, también publicista, recibió dinero público proveniente del Ministerio de Defensa que le entregó Montesinos para la campaña de reelección de Fujimori.

BUSCAN PRESCRIPCIÓN
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El procurador Amado Enco alertó que estas personas "están buscando la prescripción de sus obligaciones". Sin embargo, sostuvo que la Corte Suprema y el Sistema de Justicia Especializado en delitos de Corrupción, en un pleno jurisdiccional de diciembre de 2018, declararon que las reparaciones civiles no prescriben en tanto exista el requerimiento de pago del agraviado. 

LA HISTORIA DE LOS 90
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En declaraciones a este diario, el ex fiscal supremo Avelino Guillén señaló que la organización criminal que lideraron Fujimori y Montesinos tomó el poder a partir del 5 de abril de 1992 y que ese monto de reparación civil es el resultado de los numerosos procesos por delitos de corrupción. 

“Los montos son de acuerdo a la magnitud o perjuicio que cometieron al Estado. La red estuvo conformada por funcionarios de todos los aparatos del Estado. Atravesó todo el sistema estatal”, dijo.

Guillén indicó que el principal perjuicio para el Estado fue el desvío de fondos de los institutos armados y del Ministerio de Defensa hacia el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). 

“El dinero llegaba a manos de Montesinos, quien recibía el monto en efectivo y luego lo utilizaba para pagar sobornos a todos los funcionarios que concurrían al SIN, como se ha visto en los videos”, refirió.