El expresidente Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. (Foto: GEC)
El expresidente Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. (Foto: GEC)

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, , afirmó que si bien el expresidente tiene derecho a tener un teléfono público en la Diroes, no puede realizar activismo político y por esta razón se ha iniciado una investigación a cargo del .

“En la situación del expresidente Fujimori, tiene derecho a tener un teléfono público instalado, lo que no tiene derecho es al acceso a un celular. El derecho a las comunicaciones se ha mantenido. Y en cuanto al activismo político les puedo decir que es irregular, por ello se han iniciado las investigaciones”, expresó.

Respecto al alto número de vistas que ha recibido desde julio a la fecha, 757 en total, Revilla señaló que le ha solicitado mayor información al jefe del , César Cárdenas.

“A mí me sorprendió muchísimo el número de visitas y le he pedido cuentas al jefe del INPE, qué es lo que está pasando. En otros penales no hay esa fluidez de visitas para una persona que está detenida”, declaró en entrevista con Radio Nacional.

Como se recuerda, un audio reveló que el expresidente Alberto Fujimori -recluido en el penal de Barbadillo- coordinó telefónicamente la candidatura congresal por Fuerza Popular de Crisóstomo Benique, un dirigente de Juliaca, para las Elecciones 2020.

Por este hecho el INPE le inició un proceso sancionador y evalúa no solo restringir su acceso al teléfono público y las visitas sino también, eventualmente, colocarlo en un régimen especial.

Crisóstomo Benique, en declaraciones a diversos medios de comunicación, ha señalado que fue él mismo quien difundió el audio de su conversación con el exmandatario y sostuvo que el fujimorista Moíses Mamani fue quien lo ubicó para que participe con Fuerza Popular en las elecciones parlamentarias 2020.

CASO MC DONALD’S

Respecto al caso de los dos jóvenes trabajadores fallecidos en un local de McDonald’s, señaló que su cartera ofreció soporte legal a los deudos, a través de la Oficina de Defensa Pública, pero las familias respondieron que contratarían a sus propios abogados.

“El Ministerio de Justicia puso a disposición de los familiares de la victimas del McDonald’s abogados de oficio (defensa pública), pero no fue aceptado. Sin embargo, se está haciendo el seguimiento”, aseveró.