Despreocupado. Así se mostró Alan García, ex presidente de la República, al enterarse que el Ministerio Público realizará peritajes financieros a sus movimientos bancarios entre los años 1991 y 2006 por presunto delito de lavado de activos.
García, quien gobernó el país durante los periodos 1985-1990 y 2006-2011, utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre esta nueva diligencia, la cual tomará un tiempo de dos meses, aproximadamente, informó el diario Correo.
"Por enésima vez piden un peritaje financiero. Ya hizo uno el Fiscal de la Nación el 2013. Que lo hagan. No hay problema", escribió el ex mandatario aprista.
Según señala el citado diario, esta diligencia (la cual fue ordenada por el fiscal José Castellanos) no solo será para García. También estarán obligados a mostrar sus cuentas bancarias tres ex ministros, quienes son investigados por el mismo delito.
Ellos responden a los nombres de Hernán Garrido Lecca (Salud y Vivienda), José Antonio Chang (Educación) y Aurelio Pastor (Justicia). Además, Pilar Nores (ex esposa de Alan García) y Luis Nava (ex secretario de la Presidencia de la República) también han sido considerados en la investigación.
¿A QUÉ PERITAJE SE REFIERE ALAN GARCÍA?
En el tuit que publicó Alan García este martes, el ex jefe de Estado se refirió al peritaje que le hizo el entonces fiscal de la Nación, José Peláez, en el año 2013.
Sin embargo, en diciembre de aquel año, la Procuraduría Anticorrupción solicitó a Peláez la nulidad absoluta del informe de análisis financiero elaborado por los peritos contables Julio César Mori Donayre y Javier Tapia Torres.
¿La razón? Se descubrió que Mori Donayre fue un militante aprista, lo cual puso en peligro la objetividad de los peritajes financieros. Las críticas contra el otrora fiscal de la Nación fueron varias, sin embargo, este respondió que desconocía que aquel funcionario había estado vinculado al Apra.
Quien pidió la nulidad de aquel informe fue el ahora ex procurador anticorrupción Christian Salas Beteta. Él también pidió que se deje sin efecto la decisión de archivar la denuncia contra García por el presunto delito contra la administración pública y enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.