La Fiscalía Suprema de Control Interno abrió hoy una investigación contra los fiscales José Domingo Pérez y Henry Amenabar por presuntas infracciones cometidas durante la ejecución de la orden de detención preliminar del fallecido ex presidente Alan García.
Pérez fue quien requirió la detención del ex mandatario, pero fue Amenabar quien acudió a la vivienda del ex jefe de Estado para acatar la resolución judicial que fue emitida por el juez Juan Sánchez Balbuena.
En ese sentido, la fiscal adjunta superior de Control Interno, Rosario Velazco, sustenta su decisión en declaraciones del secretario de García, Ricardo Pinedo, y el ministro del Interior, Carlos Morán, sobre el proceder del Ministerio Público.
Pinedo dijo que el fiscal Amenabar no habría informado "con veracidad" el objetivo de su intervención en la vivienda de Miraflores; mientras que Morán precisó que García se encerró en su habitación para darse un disparo en la cabeza.
"Se desprende que el fiscal provincial José Domingo Pérez ha efectuado el requerimiento de medida de allanamiento, descerraje y detención preliminar, la misma que según las publicaciones que han dado inicio a la presente investigación no se encontraría sustentada adecuadamente", se lee en la resolución.
Velazco señala, además, que Pérez no habrái realizado las coodinaciones pertinentes "para un correcto desarrollo de la diligencia".
"Por lo señalado se le atribuye a los referidos fiscales presuntas irregularidades en el desarrollo de la decisión judicial (...) contra Alan García Pérez, ex presidente de la República", agrega.
Con esos argumentos, la fiscal abrió investigación por el plazo de 60 días contra Pérez y Amenabar y dispuso un plazo de cinco días hábiles para que ambos presenten sus descargos.
García murió esta mañana a causa de la bala que se disparó a la cabeza, minutos después de que la Fiscalía le comunicara que sería detenido preliminarmente.
El fiscal Pérez pidió esa medida ante las evidencias que manejaba y que apuntaban a que el ex presidente habría recibido sobornos de la empresa Odebrecht a cambio de concederle la construcción del Metro de Lima.