Erasmo Reyna, abogado del ex presidente Alan García, denunció que han recibido información de que el ex viceministro de Comunicaciones del gobierno aprista Jorge Cuba se estaría acogiendo a la colaboración eficaz a fin de cambiar su declaración e imputar actos ilícitos al ex presidente.
“Nosotros queremos denunciar una actitud de la que hemos tomado conocimiento y que ya venía siendo escuchada en los pasillos del Poder Judicial (…) Hemos recibido información de que aparentemente el señor Cuba se estaría acogiendo a la colaboración eficaz para imputar a Alan García. De ser cierto lo vamos a denunciar”, afirmó ante la prensa.
Según indicó, en una declaración brindada por Jorge Cuba desde el penal de Ancón hace algunos días, negó que Alan García estuviera involucrado en actos de corrupción.
“Él (Jorge Cuba) en una testimonial que dio hace algunos días en el penal de Ancón, cuando empezó a relatar los hechos (…) dijo que no le conocía nada ilícito a Alan García y además refirió que los informes y proyectos de normas para el decreto de urgencia, (se dieron) en el marco de la ley”, sostuvo.
Sin embargo, el abogado indicó que aparentemente el ex viceministro habría cambiado sus declaraciones para someterse a la colaboración eficaz e inculpar a terceras personas, entre ellas, el ex presidente.
“De ser cierto, como nos han confirmado, vamos a denunciar estos hechos porque seguramente qué ofrecimiento habrá habido para conseguir eso”, indicó.
Según Reyna, se estaría negociando la libertad de Jorge Cuba, a fin de “imputar actos ilícitos” contra García Pérez. “Eso no lo vamos a permitir”, dijo.
Conformidad con impedimento de salida
Por otro lado, Reyna expresó su conformidad con el dictamen del juez Carlos Sánchez Balbuena de aceptar el pedido fiscal de 18 meses de impedimento de salida contra su patrocinado.
“Hemos expresado la conformidad con lo resuelto porque el doctor García había expresado con un documento su decisión de conformidad absoluta de estar en el país para colaborar con investigaciones en este caso”, precisó.
Como se recuerda, el fiscal José Domingo Pérez solicitó la medida luego de recibir documentación de la empresa Odebrecht como parte de la investigación por el caso del metro de Lima.
Según estos, la constructora brasilera indica que los US$100 mil que cobró García Pérez por una conferencia dictada el 25 de mayo del 2012 en Brasil procedían de la caja 2 de la división de operaciones estructuradas.