En lo que se muestra como un aparente acto de presión, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, envió un oficio a la fiscal provincial Sandra Castro para conocer los detalles de los avances del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Castro es, precisamente, quien en un informe que elevó al fiscal supremo Pablo Sánchez, en agosto pasado, sindicó a Chávarry como uno de los miembros de esa presunta organización criminal que se habría enquistado en el más alto nivel del sistema judicial y que habría actuado para beneficiar a sus miembros y a otros a fin de mantenerse en el poder.
El titular del Ministerio Público envió el escrito, al que accedió Perú21, el pasado lunes y en él señala textualmente que su intención es “tomar conocimiento directamente de los actos de investigación” que realiza ese despacho.
En esa misma comunicación, informa que para tal efecto acredita al abogado Juan Peña Flores como su defensa en ese proceso.
Este diario se comunicó con Peña para conocer las razones por las que se tomó esa acción. El letrado argumentó que “el único objetivo” era saber si su patrocinado estaba siendo investigado.
“Se ha tergiversado esa consulta como si quisiéramos conocer la identidad de los testigos protegidos, lo cual es falso, nunca hubo esa intención”, manifestó.
No obstante, según fuentes cercanas al despacho de la fiscal Sandra Castro, la intención real de Pedro Chávarry es conocer la información que maneja su equipo.
Además, indicaron, Chávarry sabe que la fiscal Castro no pudo investigarlo porque tiene un rango inferior. Solo otro fiscal supremo podría indagar al fiscal de la Nación si este lo autoriza.
Por estos motivos, Castro le recordó a Peña que ella no tenía competencia para ejecutar diligencias contra la máxima autoridad de la Fiscalía.
En esto último también coincidió el ex procurador anticorrupción Yván Montoya. Para el penalista, lo hecho por Chávarry “es un acto hostil”.
“Con esto, lo que quiere decir el fiscal de la Nación a la fiscal provincial es ‘estoy pendiente de lo que estás haciendo, ten cuidado con lo que desarrollas’; es un evidente acto de vigilancia y control”, comentó Montoya a Perú21.
La conclusión a la que llegó el abogado Juan Peña es que ninguna instancia investiga a su defendido. Si bien el fiscal supremo Pablo Sánchez tuvo en su poder el informe de Sandra Castro, él no puede iniciar investigación si no lo dispone el titular del Ministerio Público. Y eso no ha sucedido hasta hoy.
Fuentes cercanas a Sánchez explicaron que el caso elevado por la fiscal Castro amerita la apertura de un nuevo expediente, y que ello fue comunicado “hace meses” a Pedro Chávarry. Sin embargo, según las fuentes, ese pedido sigue congelado por Chávarry.