La Asociación de Golfistas Seniors del Perú, AGOSEP, envió una carta a la Defensoría del Pueblo solicitándole que pida la nulidad de disposiciones de dos decretos lesivos a los derechos de las personas mayores de 65 años. A continuación, los principales extractos de la misiva (Lea la carta completa en www.peru21.pe):
"Yo, Guillermo Herrera Fakhye (…), en mi calidad de presidente de la Asociación de Golfistas Seniors del Perú, AGOSEP, me dirijo a ustedes a fin de presentar una queja contra los Decretos Supremos N° 116-2020-PCM y 139-2020-PCM. El motivo principal de esta queja y solicitud de que ustedes pongan una demanda de nulidad contra disposiciones de los decretos referidos, se fundamenta en la discriminación que sufren millones de peruanos por su edad (…). El mayor argumento para eliminar la restricción es que, al superar ese límite de edad (65 años), se está privando de un derecho fundamental a un sector de la ciudadanía “a transitar por el territorio nacional”, lo cual es contrario a la Constitución. Según las disposiciones legales vigentes (…), los adultos mayores de 65 años “no pueden salir de su domicilio y excepcionalmente lo podrán hacer siempre que requieran” movilizarse para: (i) ir a las instituciones bancarias, (ii) cobrar beneficios otorgados por el Gobierno, (iii) cobrar su pensión, (iv) ir al mercado, (v) ir a la farmacia, (vi) requerir atención médica urgente, (vii) movilizarse en vehículos públicos para acceder a esos lugares.
Autorizando que nos movilicemos solo para asistir a estas fuentes de contagio, también es contraproducente la prohibición de que podamos asistir a un club, donde se cumple con protocolos rígidos de control sanitario. Prohibición que conlleva a evitar que practiquemos deportes al aire libre (...), como son el tenis o, en nuestro caso, el no poder jugar el deporte de inconmensurable distanciamiento social, el golf, provocando un mayor daño psicológico a los supuestos protegidos por estos malhadados decretos. Estamos ante una protesta y reclamo que interpreta lo que sucede a todos los ciudadanos de la tercera edad, que están siendo maltratados y que la Defensoría del Pueblo está obligada a defendernos de esta discriminación inconstitucional.
Este diario considera que la petición debe ser atendida, pues, como ha señalado también nuestro columnista Felipe Morris, esta prohibición “contraviene el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución, que al referirse a los derechos fundamentales de las personas, menciona que todos somos iguales ante la ley y no podemos ser discriminados por ningún motivo”.