El último martes, la jueza superior Tatiana Pedemonte del Río admitió a trámite la acción de amparo presentada por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, para que se declare nula la resolución de la Comisión de Ética, que conllevó a que se apruebe solicitar al Pleno del Parlamento la suspensión del congresista por 120 días.
Según el documento al que tuvo acceso Perú21, Salaverry afirma que la decisión de Ética vulnera los siguientes derechos: Derecho a ser juzgado por una autoridad imparcial, derecho de defensa, derecho al debido proceso y debida motivación, y derecho a la dignidad de la persona humana.
También aduce que que se transgredieron los principios de legalidad, tipicidad y los subprincipios de culpabilidad e imputación necesaria.
En consecuencia, la magistrada Pedemonte del Río, titular del Noveno Juzgado Civil de la Corte Superior de La Libertad, dispuso notificar a los miembros de la Comisión de Ética a fin de que "contesten" a la demanda de Salaverry.
Según la resolución judicial, el titular del Legislativo solicita que se anule la resolución N° 113-2018-2020/CEP-CR, en la cual la Comisión de Ética dispuso abrirle investigación por la denuncia de información falsa en al menos siete informes por actividades de semana de representación entre 2017 y 2018.
Tras el resultado de la investigación, la Secretaría Técnica recomendó que se solicite al Pleno del Congreso la suspensión de Daniel Salaverry por 120 días. El pasado lunes, la Comisión de Ética —con los votos del Apra, Fuerza Popular y Janet Sánchez (PpK)— aprobó la recomendación y trasladó el informe final a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Con la anulación de la referida resolución, Salaverry, congresista representante de La Libertad, busca que se "reponga las cosas al estado anterior"; es decir, que su proceso disciplinario sea anulado.