(Foto: Diario Correo)
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Los cuestionamientos contra siguen apareciendo. En esta oportunidad es un tema judicial que deja ver al exjefe de seguridad de como un mal padre y de mentir a la justicia peruana.

Según Cuarto Poder, el ciudadano israelí tiene un juicio de alimentos entablado por su expareja Regina Samamé, quien le exige una pensión de 10 mil soles para mantener a su hija de cuatro años que padece un grave mal y que necesita ser tratada en el extranjero.

'Avi' Dan On se niega a entregar ese monto. Aduce que su pensión por ser exintegrante del Ejército de Israel solo asciende a 3,200 dólares. Además, indicó a la justicia peruana que también debe mantener a su esposa israelí.

Sin embargo, la Fiscalía de Costa Rica descubrió que Dan On fundó en el 2006 la empresa Ecostaste Consulting y que esta tiene 6,5 millones de dólares en una cuenta, la misma que ha sido inmovilizada debido a que existe la sospecha de que estaría implicada en el presunto delito de lavado de activos.

En una declaración jurada presentada al Primer Juzgado de Paz de Barranco y Miraflores, el extranjero afirma que sus gastos mensuales suman 3,328 dólares. Entonces, la pregunta que queda flotando es cómo puede mantenerse si sus egresos son mayores que sus ingresos.

En el 2011, un tribunal estableció, de forma provisional, que Dan On entregue 3,600 soles mensuales a su expareja, pero este solo cumplió un año y luego depositaba 800 o 400 dólares. Además, desactivó el seguro médico familiar.

El ritmo de vida que lleva el hombre de confianza de Toledo es bastante llamativo, ya que tiene más de 47 entradas y salidas en varios países del mundo, entre los que se encuentra Costa Rica, adonde ha ingresado en avión privado y no en vuelos comerciales.

La jueza del Primer Juzgado de Paz de Barranco y Miraflores determinó que no se podía probar que el demandado percibiera ingresos adicionales a su pensión, por lo que en su sentencia lo obligó a entregar solo una manutención de 1,600 soles, activar el seguro médico y colaborar con el tratamiento de su hija.

Las partes involucradas en el proceso apelaron la sentencia. Por su parte, el Ministerio Público exigió la nulidad del fallo porque la magistrada no recabó de manera adecuada la información sobre los ingresos del experto en temas de seguridad.